“La Autoridad para la Innovación Gubernamental no califica la urgencia de los proyectos, servicios o productos, solo evalúa los componentes técnicos de éstos…”, advirtió la entidad en carta dirigida a la Caja de Seguro Social
La Autoridad para la Innovación Gubernamental (AIG), la entidad del Estado responsable de avalar las compras y servicios de equipos tecnológicos que se adquieran en la administración pública, guardó distancia de la contratación directa y urgente -gestionada por la Caja de Seguro Social (CSS)- a la multinacional de software alemana SAP, cuya marca quedó salpicada en medio de un escándalo de soborno a empleados públicos que mantiene encausados en Panamá al menos a 17 personas bajo cargos de peculado.
“La Autoridad para la Innovación Gubernamental no califica la urgencia de los proyectos, servicios o productos, solo evalúa los componentes técnicos de éstos…”, advirtió la entidad en un documento oficial que remitió a la Caja de Seguro Social.
AIG, con ese documento, responde a un pedido formulado por Eduardo Manrique, director nacional de Informática de la CSS referente a la reactivación de los servicios prestados por la empresa SAP y que, a su juicio, eran requeridos dada la “necesidad notoria y urgente” de la Caja.
“Por medio de la presente detallamos la necesidad notoria y urgente por parte de nuestra institución (que) cuente con la reactivación, normalización y licenciamiento del sistema SAP GRP con el cual se llevan a cabo tareas relacionadas con la administración y finanzas, contabilidad, logística y compras”, reza la carta de Manrique dirigida a la AIG.
“La Autoridad para la Innovación Gubernamental no tiene competencia sobre el procedimiento de selección de contratistas propuesto”, respondió la entidad en una nota en la que certificó las especificaciones técnicas de los productos SAP.
Este diciembre, cuatro meses más tarde de ese informe, la administración de la CSS informó sobre la “reactivación” del servicio y mantenimiento a la plataforma de procesos administrativos de esa institución con la empresa SAP Internacional Panamá por un monto de 3 millones 903 mil 476 dólares.
En el año 2015 y 2016, el nombre de SAP saltó a las primeras páginas de los diarios luego que un alto ejecutivo fuera condenado a un año y diez meses de cárcel, tras confesar que había participado en un plan para sobornar autoridades panameñas con el fin de asegurar que el Gobierno concediera contratos tecnológicos a SAP.
Hoy día están bajo cargos penales por peculado al menos 17 personas, entre las que se encuentran el exdirector de la CSS Guillermo Sáez Llorenz y Eduardo Jaén, quien ejerció tareas de administrador en la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG). Jaén está preso.
De acuerdo con el relato del condenado Vicente García, un exvicepresidente para América Latina de SAP, se utilizaron contratos y facturas falsas para ocultar la verdadera naturaleza de los sobornos que se dieron en Panamá. Tras pagarse las coimas, un partner local de SAP, Advanced Consulting Corp, se aseguró un contrato con la CSS de $14.5 millones, que incluía $2.1 millones para programas SAP. Poco tiempo después, el Estado panameño aprobó contratos adicionales de productos SAP, entre los cuales se encuentra el Metro de Panamá, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, entre otros.