El pago de sobornos en Panamá de la constructora brasileña Odebrecht para obtener contratos “era un secreto a voces”, dijo el domingo la vicepresidenta y canciller panameña, Isabel de Saint Malo, quien exigió a la compañía devolver el dinero de esas comisiones
“Aquí hay una empresa donde era un secreto a voces que se habían dado en gobiernos anteriores actos de corrupción”, dijo De Saint Malo, durante una entrevista en el canal panameño RPC, cuando se le preguntó por el escándalo de Odebrecht.
“Con las publicaciones de fin de año eso dejó de ser un bochinche (rumor) y dejó de ser un secreto a voces”, añadió la funcionaria.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos divulgó en diciembre un informe que indica que Odebrecht pagó en Panamá entre 2010 y 2014 más de 59 millones de dólares en sobornos a cambio de contratos valorados en más de 175 millones de dólares.
Para De Saint Malo “está documentado” y no hay “lugar a dudas” que en Panamá “se recibieron dineros producto de contratos con el gobierno nacional donde esta empresa dio coimas (comisiones)” a “familiares cercanos a altas autoridades”.
Tras el escándalo el gobierno panameño prohibió a Odebrecht, uno de los principales contratistas en el país centroamericano, participar en futuras licitaciones públicas hasta que no devuelva el dinero cobrado en comisiones.
“El país tiene derecho a saber quién recibió estos dineros, cuánto recibieron y que esta empresa le regrese al país lo que le corresponde”, sostuvo De Saint Malo, quien pidió a las autoridades judiciales de su país “actuar pronto”.
Hasta la fecha la Contraloría de Panamá ordenó investigar a Carlos Ho González, funcionario del Ministerio Público durante los gobiernos de Martín Torrijos (2004-2009) y Ricardo Martinelli (2009-2014), “por supuesto enriquecimiento injustificado”, aunque el señalado ha negado las acusaciones.
Aunque los documentos no dan nombres, algunos medios han vinculado a dos hijos de Martinelli con esta trama internacional, pero los acusados también han negado los señalamientos.
Martinelli, quien vive un exilio voluntario en Miami, es requerido por la justicia de su país, que lo acusa de espiar a opositores a su gobierno y lo investiga por diferentes casos de corrupción.
Fiscales panameños viajaron a Washington recientemente para intercambiar información sobre este caso.