Año y tres meses después de tener en sus manos una denuncia que detallaba las sociedades, bancos y oficinas de abogados que participaron en el entramado de corrupción, la Jefa del Ministerio Público dispuso crear una fiscalía para investigar los pasos del gigante brasileño en Panamá
Quince meses más tarde que el excontralor Alvin Weeden pusiera en manos de la procuradora Kenia Porcell el entramado de corrupción orquestado en Panamá por la constructora Norberto Odebrecht, la jefa del Ministerio Público dispuso crear una fiscalía para adelantar las investigaciones por las confesas actuaciones de sobornos que llevó adelante el gigante brasileño en cerca de 12 países, 11 de los cuales se encuentran en Latinoamérica incluyendo Panamá.
El 15 de septiembre del año 2015, tras el escándalo internacional que salpicaba por corrupción a Odebrecht y que tocaba Panamá, Weeden acudió a la Procuraduría General de la Nación y presentó una denuncia en la que solicitaba una investigación de las sociedades anónimas panameñas que habían participado en este entramado de sobornos, a las firmas de abogados que las constituyeron al igual que entidades bancarias de la plaza vinculadas a las transferencias de fondos y a los beneficiados finales de esas actuaciones delictivas.
En su denuncia, que fue ampliada cuatro días después, el 19 de septiembre de 2015, Weeden pedía investigar el presunto blanqueo de capitales que hubiese incurrido la constructora brasileña a través de bancos panameños al poner en marcha una coposa telaraña de desvíos de fondos en operaciones que, según las investigaciones internacionales, podrían remontarse al año 2005.Ver denuncia
De acuerdo con las investigaciones en otros países, la constructora brasileña, aplicó la práctica de los sobornos en más de 100 proyectos en 12 países de América Latina y África donde pagó aproximadamente 788 millones de dólares.
Las sociedades
La clave central de ese juego en Panamá, según Weeden era la sociedad panameña Constructora Internacional del Sur, S.A. que, de acuerdo con las investigaciones llevadas a cabo por fiscales brasileños, había recibido millonarias transferencias de fondos de Obebrecht a través de sociedades constituidas en Islas Vírgenes (Smith & Nash Engineering y Golac); Uruguay ( Sherkson y Havinsur) y en Belice (Arcadex).
Las otras sociedades panameñas, supuestamente usadas para estas transferencias con fines, según los investigadores brasileños, para sobornar a través de bancos suizos y de otros países, eran Quinus, Pexo, Milzart, Sagar y Sygnus. Esos fondos habrían sido manejados a través de cuentas abiertas en el Credicorp Bank según las pesquisas. Ver ampliación de la denuncia
En su edición del 8 de diciembre de 2016, el influyente diario estadounidense New York Times dijo, en un artículo bajo el título “Panamá trata (sin éxito) de quitarse la imagen de negocios turbios”, que “se alega que los bancos panameños se han quedado con una parte del dinero de los sobornos. Multibank, antes conocido como Multi-Credit Bank, fue citado en documentos en los tribunales como uno de los lugares donde los fondos eran depositados…”. El diario se refería a las investigaciones que se desarrollan por el escándalo de Odebrecht y las investigaciones en Brasil conocidas como la operación Lava Jato (Lava Autos).
En Panamá, la sociedad panameña Constructora Internacional del Sur, S.A., vivió ocho años. Fue creada el 11 de octubre de 2006 – a dos años y un mes de que Martín Torrijos asumiera la Presidencia de la República, y fue disuelta en agosto de 2014 – dos meses después que el gobierno de Ricardo Martinelli terminara su periodo. Un año y tres meses de la denuncia de Weeden –aquella de septiembre de 2015- en la que se pedía que se investigara todo ese entramado de corrupción hoy confesado por Odebrecht, la procuradora Porcell anunció, el 28 de diciembre de 2016, la creación de una fiscalía para investigar.
24 horas antes, el 27 de diciembre de 2016, el Ejecutivo panameño anunciaba que impedirá a Odebrecht conseguir nuevas contrataciones hasta que resarza al Estado panameño por el patrimonio sustraído, y colabore con las investigaciones para que los responsables sean llevados ante la justicia. La medida del gobierno de Varela era en consecuencia a un acuerdo judicial de la constructora en el que se comprometió a pagar multas que suman unos $2.047 millones a los Gobiernos de Estados Unidos, Brasil y Suiza, tras reconocer sus turbias acciones.
Semanas más tarde del anuncio del Gobierno panameño, el 12 de enero de 2017, Porcell informa sobre un eventual acuerdo alcanzado con la constructora brasileña que contempla la devolución de $59 millones supuestamente dados en coimas en Panamá para quedarse con contratos de infraestructura pública.
¿Un acuerdo para encubrir?
Para el abogado y docente universitario Guillermo Cochez, quien recientemente denunció por enriquecimiento injustificado al exmandatario Torrijos y a su ministro de Obras Públicas, Benjamín Colamarco, lo que busca la Jefa del Ministerio Público es proteger al exjefe de Gobierno y a actuales funcionarios de la administración de Juan Carlos Varela que pudieran aparecer en las investigaciones.
Hoy día, en el Gobierno de Varela, Odebrecht desarrolla proyectos tales como la Línea 2 del Metro, por un valor superior a los $ 1.857 millones; renovación de la ciudad de Colón calculado en $537 millones y la ampliación del aeropuerto de Tocumen que se estima en $800 millones. También tiene bajo su responsabilidad de la construcción de la carretera Santiago-Viguí que tiene una distancia de 71.24 kilómetros a un costo de 402 millones 359 mil 856 balboas, y la revitalización de la Vía España, un proyecto de la alcaldía capitalina por $89 millones.
“Uff!!!” exclamó Miguel Antonio Bernal, profesor de derecho y activista social, al conocer el anuncio de la procuradora Porcell. “Por favor –replicó- si Odebrecht se benefició 20 veces más que los $59 millones que ahora dice querer regresar…”.