Gobierno destina $2.4 millones para investigar caso Odebrecht

Gobierno destina $2.4 millones para investigar caso Odebrecht
Dulcidio De La Guardia indicó que continuará apoyando la gestión del mandatario Varela desde otras esferas. Foto/MEF.

El gobierno de Panamá concedió más de $2 millones al Ministerio Público para ampliar las investigaciones sobre la constructora brasileña Odebrecht, acusada de pagar sobornos a cambio de contratos, informó este miércoles una fuente oficial

El Ministerio de Economía y Finanzas trasladó una partida por $2.4 millones a la fiscalía “para reforzar las investigaciones que se adelantan” contra Odebrecht, según un comunicado del gobierno panameño.

Este dinero fue adjudicado después que la fiscalía pidiera recursos al gobierno para apoyar sus investigaciones en este escándalo internacional. 

“Dada la delicadeza del caso de Odebrecht y las implicaciones del mismo”, el Ministerio de Economía y Finanzas realizó las diligencias para obtener estos fondos para apoyar la investigación y “resarcir al Estado los recursos utilizados ilícitamente”.

Odebrecht pagó en Panamá, entre 2010 y 2014, más de $59 millones en sobornos a cambio de contratos valorados en más de $175 millones, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Por este caso ha tenido que declarar Mario Martinelli, hermano del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), cuyos hijos y varios exfuncionarios también son mencionados en el expediente.

Según la procuradora de la Nación, Kenia Porcell, se han formulado cargos contra 17 personas por el escándalo de Odebrecht en Panamá, incluyendo a tres exfuncionarios “de alta jerarquía”, ocho empresarios panameños, cinco empresarios de otras nacionalidades y un funcionario de la banca privada.

Odebrecht, a la que el gobierno panameño prohibió licitar en el país, se comprometió a reintegrar el dinero entregado en comisiones.

La constructora brasileña desistió recientemente de continuar en la licitación para la construcción del cuarto puente sobre el Canal de Panamá, obra estimada en  unos $1,000 millones, y canceló un contrato hidroeléctrico en el país centroamericano.

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