El viceministro de Vivienda, Jorge González comentó que por lo menos unos 225 asentamientos no podrán ser legalizados, porque los dueños no desean negociar con el gobierno
Después de casi tres años de voluntad permisiva para los asentamientos informales a nivel nacional, el objetivo de buscar solución habitacional a los panameños corre peligro por “el juega vivo” de algunos y deja en evidencia la posibilidad de perder el control.
Ante el tétrico panorama, el gobierno intenta enfrentar a los que apelan al artículo 117 de la Constitución de la República – que demanda a las autoridades crear políticas en materia de vivienda- y recurre, después de mucho, a la fuerza.
El viceministro de Vivienda, Jorge González en una entrevista a una televisora local señaló que de los 400 asentamientos informales, sólo 225 podrán ser legalizados, pues el resto de los terrenos no han sido negociados con los dueños.
González, aclaró el programa Techos de Esperanza “no propicia la informalidad” por que las reglas no lo permiten.
El gobierno se comprometió durante el quinquenio de gestión con la creación de 100 mil soluciones habitacionales, de las cuales se han gestionado unas 55 mil 108 viviendas.
Los sectores que mayor cantidad de asentamientos registran son: la provincia de Panamá Oeste y Panamá Este.