Una ley anticorrupción tras caso Odebrecht puede asfixiar a Perú

Una ley anticorrupción tras caso Odebrecht puede asfixiar a Perú

Una norma que prohíbe trabajar con el Estado peruano a empresas que admitan actos de corrupción, como Odebrecht, podría desanimar a otras firmas implicadas a confesar irregularidades, para no quedar fuera de proyectos de infraestructura claves para la economía del país

La brasileña Odebrecht admitió en un preacuerdo judicial que, al igual que en varios países de América Latina, en Perú pagó 29 millones de dólares en sobornos para ganar obras públicas. Mientras en Brasil o Estados Unidos pudo seguir contratando con el Estado tras ser multada y procesada, el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski fue más drástico.

Un decreto de febrero del Poder Ejecutivo impide que firmas envueltas en corrupción, ya sea en Perú o en el extranjero, contraten con el Estado, que es usualmente el mayor cliente de muchas compañías.

La norma fue celebrada por políticos y la ciudadanía, que protestó contra Odebrecht y hasta quemó una caseta de peaje de una vía que construyó. La brasileña se desprendió de un proyecto de transporte de gas de unos 5.000 millones de dólares y apunta a dejar sus participaciones en represas y vías.

De acuerdo con esta ley, nada puede ser vendido ni transferido si el Estado no ha dado su visto bueno, porque antes tiene que garantizar la reparación civil, aún en cálculo. La firma tiene en Perú activos por 2.500 millones de dólares.

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