La medida genera polémica. Críticos aseguran que se atenta contra el derecho a la propiedad. El ministro de Economía niega intenciones de aumentar el impuesto y descarta ola de reavalúos oficiosos
Mediante el Decreto Ejecutivo 130 de 6 de junio de 2017, el Gobierno Nacional, estableció una serie de parámetros para actualizar la información catastral correspondiente a las fincas existentes en todo el país.
La normativa estableció que los municipios, instituciones o funcionarios encargados de expedir permisos para levantar construcciones, refaccionarlas o repararlas, deberán remitir a la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) y a la Dirección General de Ingresos (DGI) dentro de los quince días siguientes al mes anterior,
La ordenanza, busca recabar la mínima información sobre la propiedad y las mejoras que se le introduzcan, con el fin de que los municipios las utilicen luego para un objetivo tributario.
Así mismo, de los permisos de ocupación que contenga los datos necesarios para mantener la actualización de la información catastral de las respectivas fincas o inmuebles situados dentro de su jurisdicción.
Criticos de la medida aseguraron que esta decisión deja a los cudadanos indefensos, ante lo que entienden es una nueva ola de avalúos oficiosos por el Gobierno, igual que lo hizo la administración del presidente Martinelli.
Al respecto el ministro de Economía, Dulcidio De La Guardia, ha negado esa situación “buscamos facilitar los procesos de compra venta entre particulares”, dijo el funcionario al periodista Hugo Famanía de Telemetro, de acuerdo a reportes en la cuenta de tuiter del periodista.