Comisión de Estado por la Justicia fustiga al presidente de la Corte

Comisión de Estado por la Justicia fustiga al presidente de la Corte

La agrupación se lamentó de la apatía del presidente de la CSJ. No atiende las solicitudes de información y se muestra indiferente con el debate de temas considerados fundamentales 

La Comisión de Estado por la Justicia, calificó como un tiempo perdido y de grandes retrocesos en materia de administración de justicia, el período comprendido entre el año 2009-2014, sin embargo también fustigó el poco interés mostrado por la actual gestión de la Asamblea Nacional y la Corte Suprema de Justicia, sobre temas puntuales como implementación de la Carrera Judicial y los nombramientos en el Sistema Penal Acusatorio

En este segundo punto la Comisión de Estado hace énfasis y cuestionó severamente al presidente de la CSJ, José Ayú Prado.

. “Hemos conocido de las notas que se han enviado al Presidente de la Corte Suprema solicitando información y su presencia para abordar el tema de implementación de la Carrera Judicial y los nombramientos en el Sistema Penal Acusatorio, sin que hasta la fecha se logre una participación decidida de la directiva de la Corte Suprema en estos espacios de seguimiento a la reforma”, destacó la Comisión de Estado por la Justicia

Las dificultades no solo las enfrenta la Comisión de Estado por la Justicia sino también el Consejo Judicial que tampoco ha contado con la participación activa y comprometida del Presidente de la  Corte Suprema, reza más adelante el comunicado.

De acuerdo con la Comisión existen temas fundamentales a los que debe dar seguimiento como lo son la evaluación del Sistema Penal Acusatorio,  la implementación de la Ley de Carrera Judicial, el Tribunal de Integridad y Transparencia y la Justicia Comunitaria de Paz que debe iniciar en enero de 2018

El proceso de implementación de estas reformas debe ser monitoreado y acompañado por la Comisión de Estado por la Justicia, que lejos de debilitarse lo que requiere es ser fortalecida y respaldada por todos los actores del sistema de justicia, los otros Órganos del Estado, la sociedad civil y la academia, concluye

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