Es protagonista en una investigación por la importación de 400 pistolas de contrabando durante la administración Martinelli. Poco después el gobierno de Juan Carlos Varela le compró armas por 4 millones de dólares
Ricaute “Pochi” Grajales ha sabido donde apuntar para impactar su objetivo. Hoy esta en problemas con la justicia, que lo vincula al tráfico de armas y corrupción, durante el pasado gobierno, pero aún con los cañones humeantes por ese disparo, logró un contrato millonario con el actual gobierno.
Se trata de la venta al Estado de pistolas chalecos antibalas y municiones por un monto de 4 millones 119 mil 500 dólares. Adjudicado a la empresa Armas y Municiones Nacionales S.A. ARMUNAL, la empresa de Grajales. Una compra cuyos detalles se mantienen en reserva amparados en las excepciones de la Ley de Transparencia.
Pero el empresario, que lleva 14 años en el negocio de la venta de armas fue indagado como uno de los principales actores en la triangulación de 406 pistolas Glock, que se introdujeron al país en 2013 de manera ilegal, de acuerdo a las pesquisas de la Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público.
La fiscalíá afirma que en la operación entre Grajales y el entonces director del Servicio de Protección Institucional, SPI, Jaime Trujillo, se utilizó a la institución como una agencia comercializadora de ARMUNAL, puesto que ese cuerpo de seguridad administraba y custodiaba las armas mientras estas se vendían. ( Vea también Exdirector del SPI acusado de tráfico de armas)
En su declaración mientras era indagado por la Fiscalía Grajales admite que el plan para traer las armas siempre fue venderlas para uso privado, “Los oficiales siempre me preguntaban cómo podían hacer para comprar una pistola, para su protección y defensa de de ellos y sus familias”. Así que viendo ese mercado cautivo, acepta que planificó con el fabricante, a quién él representa en Panamá, una propuesta de precio accesible y financiamiento.
El problema mayor era la prohibición para la importación de armas de uso privado ya vigente para entonces. La fórmula que ubicaron fue declarar que el usuario final de esas pistolas sería el SPI. Así fue como se vendieron de contrabando 250 pistolas para uso particular y la institución compró las restantes.
Pochi Grajales, proveedor del Estado, está detenido a ordenes de la Fiscalía Anticorrupción, preventivamente acusado de Tráfico de Armas, Corrupción y Peculado.
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