El equipo legal del exmandatario Ricardo Martinelli evitó revelar las acciones legales que presentaran en Estados Unidos. La defensa aseguró que procederán legalmente contra los funcionarios que enviaron pruebas ilícitas a la Corte de Miami
Alma Cortez, exministra de Trabajo y Desarrollo Laboral y parte de la defensa de Ricardo Martinelli, mencionó durante la conferencia de prensa que la detención del pasado 12 de junio al expresidente no les cayo por sorpresa y que se tenia contemplado por tratarse de una “persecución política” contra su defendido. Destacó que se han presentado todos los elementos requeridos a la defensa del expresidente en Miami para una pronta liberación. También hizo fuertes acusaciones contra funcionarios de la cancillería de presentar documentación irrelevante ante la Corte de Estados Unidos provocando la dilatación del proceso.
Carlos Carrillo, otro de los abogados de la defensa de Martinelli, reiteró que la detención girada contra su defendido fue por desacato al no comparecer a las múltiples audiencia realizadas en la Corte Suprema de Justicia de nuestro país y no por delitos, afirmando que no existe ninguna orden de detención en su contra. Carrillo denuncio que el 24 de enero del presente año las autoridades Norteamericanas recibieron un documento por parte de la cancillería panameña suscrito por la embajada de Panamá en Estados Unidos que no era parte del expediente, tildando de ilícita dicha acción y considerando una usurpación de las funciones de la Corte panameña, por lo que solicitaron a la cancillería realizar investigaciones administrativas.
El abogado, Roniel Ortiz, hizo referencia a una declaración jurada del Magistrado de la Corte Suprema de Justicia Harry Díaz que llego a su poder en donde asegura tras revisión que el magistrado ha mentido a las autoridades estadounidenses estableciendo situaciones para manipular la percepción.
Los abogados del expresidente Martinelli evitaron dar detalles del proceso que se lleva en Estados Unidos, un proceso de solicitud de extradición tras solicitud de la Corte Suprema de Justicia por las presuntas interceptores telefónicas ilegales o “pinchasos”. La defensa aseguró que procederán legalmente a poner querellas penales contra los funcionarios que enviaron pruebas que según ellos son ilícitas igualmente contra el embajador de Panamá en Estados Unidos y su asistente.