El poder electoral de Venezuela pidió a la dirigencia opositora que evite crear “falsas expectativas” con el plebiscito simbólico que realiza este domingo contra el presidente Nicolás Maduro y su convocatoria a Asamblea Constituyente
“Es una actividad política que no tiene ninguna consecuencia jurídica (…). Lo importante aquí es que no se generen falsas expectativas ni tampoco genere ningún intento de violencia”, expresó la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, en rueda de prensa.
Sin el aval del CNE, al que acusa de servir a Maduro, la oposición convocó a la consulta con la meta de evidenciar un mayoritario repudio a la Constituyente, que según encuestas privadas es rechazada por siete de cada diez venezolanos.
La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) pregunta a los ciudadanos si rechazan la Constituyente, apoyan unas elecciones para renovar los poderes públicos y si exigen a las Fuerzas Armadas que respeten la Constitución vigente.
“Ellos pueden preguntarse lo que ellos quieran, porque es un ejercicio político. Lo que no se puede es confundir pensando que eso pueda tener algún valor jurídico”, insistió Lucena.
La MUD asegura que el plebiscito marcará “la hora cero” de una escalada en sus protestas contra Maduro, con saldo de 95 muertos desde el 1 de abril, a fin de bloquear la Constituyente, cuyas elecciones están previstas para el próximo 30 de julio.
Este domingo el CNE organizó paralelamente al plebiscito opositor un simulacro del proceso para escoger a los 545 constituyentistas, comicios en los que la oposición se negó a participar por considerarlos “un fraude” del mandatario socialista para instaurar “una dictadura”.
Lucena expresó que se prueba el mecanismo electoral y las medidas de seguridad planteadas para “garantizar el ejercicio del voto sin riesgos” ante los llamados de los adversarios de Maduro a bloquear el proceso.
La funcionaria ratificó que habrá “sanciones de acuerdo a la ley” para quienes intenten obstaculizarlo.
Maduro afirma que la Constituyente es el “único camino” hacia la paz en medio de la grave crisis política y económica del país sudamericano.