La Asamblea Constituyente del presidente Nicolás Maduro empezará a sesionar este sábado con la mira puesta en la fiscal general y entre nuevas señales de rechazo internacional
Contingentes militares de la Guardia Nacional se apostaron temprano en las afueras y accesos a la sede del Ministerio Público, en el centro de Caracas, lo que la fiscal Luisa Ortega catalogó de “asedio”.
“Denuncio esta arbitrariedad ante la comunidad nacional e internacional”, indicó en Twitter desde su casa Ortega, una veterana chavista que se alejó del gobierno al denunciar que en Venezuela hay una ruptura del orden constitucional.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, condenó el hecho en Twitter y exigió respeto a las “medidas cautelares” que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó el viernes a Ortega por considerar que su vida e integridad “enfrentan riesgo inminente de daño irreparable”.
El gobierno venezolano desestima los pronunciamientos de la CIDH por considerarlos parcializados e influenciados por Estados Unidos.
La Constituyente, presidida por la excanciller Delcy Rodríguez, prevé instalar una Comisión de la Verdad que, según Maduro, “traerá justicia” tras la violencia registrada en las protestas que le acosan desde hace cuatro meses y que dejan unos 125 muertos.
“Si aquí hubiese una Fiscalía que actuara (…), hace tiempo que todos esos guarimberos (manifestantes violentos) estuviesen encarcelados”, dijo el viernes el gobernante socialista al enfilar contra Ortega, en un acto militar realizado con la presencia de Rodríguez unas horas después de la juramentación de los constituyentes.
Maduro y dirigentes oficialistas han advertido que la asamblea, un “suprapoder” que reescribirá la Carta Magna promulgada en 1999 por el fallecido expresidente Hugo Chávez, “pondrá orden” en el Parlamento –de mayoría opositora– y en el Ministerio Público.
Aunque el mandatario prometió que la Constitución resultante se sometería a referendo, los asambleístas tomarán decisiones de aplicación inmediata.
Y Ortega, para quien la Constituyente refleja “una ambición dictatorial” del presidente, está en la mira.
La fiscal enfrenta un muy probable juicio en la corte suprema, que le costaría su destitución. Su cargo lo asumiría una abogada oficialista.