Los expertos de la ONU publicaron hoy las conclusiones de la revisión los días 3 y 4 de agosto del cuarto informe periódico de Panamá sobre la prevención de la tortura. Cuestionaron legislación en materia de tortura y falta de avances en investigaciones sobre desaparecidos en la dictadura
La Organización de Naciones Unidas (ONU) deploró algunos aspectos de la legislación penal panameña en materia de delitos de tortura y cuestionó duramente la falta de resultados en la búsqueda e identificación de restos de personas desaparecidas durante la dictadura militar en Panamá (1968-1989).
El informe que fue emitido específicamente por el Comité contra la Tortura de la ONU señala incialemente que el “Estado debe adoptar medidas apropiadas para que se llevan a cabo investigaciones eficaces e imparciales en todos los casos pendientes de presuntas desapariciones forzosas, se enjuicie, y, en su caso, se sancione a los autores, y se indemnice a los familiares de las víctimas”.
El Comité de la ONU de acuerdo con una publicación de la agencia noticiosa EFE considera además “incompleta” la tipificación del delito de tortura en el Código Penal, dado que Panamá no ha incluido expresamente los actos de tortura cometidos por terceros a instigación de un funcionario público o con su consentimiento o aquiescencia.
El organismo se mostró preocupado porque que Panamá mantenga en su legislación penal la prescripción del delito de tortura y le pide que “se derogue” esta medida y se adopten “las medidas necesarias para reanudar las investigaciones de los actos de tortura que se hayan suspendido al régimen de prescripción”.
El Comité de la ONU urge además al Estado a garantizar que todas las denuncias de tortura o malos tratos sean investigadas de manera pronta e imparcial por un mecanismo independiente y que los sospechosos sean enjuiciados debidamente.
En Panamá se dictaron entre 1995 y 2016 cuatro sentencias condenatorias por actos de tortura, de los que uno se encuentra en proceso de apelación, pero también hubo un sobreseimiento temporal de seis investigaciones de oficio.
A los expertos también les inquieta que el Código Penal únicamente permita ejercer la jurisdicción universal por actos de tortura cuando ésta se haya cometido de manera generalizada y sistemática, y pide a Panamá que cambie esta política.
Entre las preocupaciones del organismo también figuran las condiciones de reclusión en Panamá, dado que la administración penitenciaria no prestaría suficiente atención a las personas con discapacidad y a las mujeres privadas de libertad, además de existir una “desproporción racial en las cárceles y un peor trato a los reclusos afrodescendientes”.
Una mención especial merece para los expertos la polémica cárcel insular de Punta Coco por las deficientes condiciones de detención, la ubicación remota y la inadecuada atención médica a los internos, algo que ha llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a dictar medidas cautelares en favor de todos los presos.
Le inquieta seriamente el problema de la violencia y el ingreso y contrabando de armas de fuego en los centros penitenciarios del país.
Un total de 11 de las 127 muertes registradas desde 2013 en cárceles panameñas fueron causadas por este tipo de armas, según los datos facilitados por el Gobierno a la ONU.