Un grupo de querellantes por el proceso de pinchazos telefónicos reclaman explicaciones al Presidente de la CSJ. Temen que se busque anular causas contra el exgobernate
Cinco de los querellantes del caso de los pinchazos telefónicos se dirigieron al país denunciando posibles actuaciones irregulares de los magistrados en el proceso de imputación al presidente Ricardo Martinelli, por el caso de extorsión a la empresa italiana Impregilo, con la cual se buscaría “la anulación de los procesos que se le siguen en Panamá”.
En sus denuncias las víctimas de los pinchazos alegan por ejemplo que las gestiones de notificar a Martinelli se dieron en el preciso momento en que el juez federal de Miami, Edwin G. Torres, debía decidir la extradición del expresidente
Según los denunciantes representados por el abogado Rosendo Rivera, la notificación era innecesaria, tomando en cuenta que para darse la audiencia en Panamá, Martinelli debe estar presente físicamente. “Y es sabido que el exgobernante, está preso en Miami”.
Rivera manifestó que había un interés por parte del magistrado Luis Ramón Fábrega en realizar la diligencia de imputación al expresidente.
Estas acciones lo que buscan según Rivera es generar supuestas violaciones al procedimiento para posteriormente anular procesos,.
Los querellantes, entre estas la ex candidata presidencial del Partido Revolucionario Democrático Balbina Herrera, remitieron una nota al magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), pidiéndole explicaciones de los intentos de notificarle a Martinelli
Para los querellantes es importante determinar quién dio la orden para que los funcionarios judiciales viajasen a Miami a notificar a Martinelli.
También se solicitó que se brinde información de los gastos del viaje, hospedaje y alimentación de los tres funcionarios; si se logró notificar a Martinelli y qué trámites se hicieron ante el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Herrera, quien adversó a Martinelli en las elecciones del 2009 indicó que se mantendrán vigilantes de las actuaciones de los magistrados en este proceso.
El caso de extorsión a Impregilo es una de las nueve investigaciones (incluyendo los pinchazos telefónicos) que ha admitido la Corte a Martinelli. Este caso surgió luego que la embajada de Panamá en Italia envió a la Cancillería panameña, copia autenticada del fallo del Tribunal de Nápoles fechado 11 de diciembre de 2014, en la que el italiano Valter Lavítola fue condenado a tres años de prisión por extorsionar e intimidar a Impregilo.
Se señala a Martinelli con la extorsión a la empresa italiana Impregilo para que esta construyera el Hospital Pediátrico de Veraguas en el gobierno anterior.