El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela paralelo, cuyos magistrados desde el exilio acusan ser perseguidos políticos del gobierno de Nicolás Maduro, llamó al pueblo venezolano a la desobediencia civil, en una sentencia emitida este miércoles
“Se declara la inmediata activación de la resistencia pacífica del pueblo venezolano”, dice el fallo de la Sala Constitucional del TSJ en el exilio, formado por magistrados designados por el Parlamento venezolano, de mayoría opositora.
Maduro prometió encarcelar a estos jueces porque su gobierno desconoce las acciones de este Parlamento; y los jueces huyeron a varios países, entre ellos Estados Unidos.
“Establecimos activada la resistencia civil en Venezuela, en el sentido de que todo el pueblo de Venezuela tiene que desconocer, desobedecer y resistirse a los actos fraudulentos de la mal llamada Asamblea Nacional Constituyente”, explicó a la AFP Miguel Ángel Martín, presidente del TSJ en el exilio, al presentar el documento en Miami.
Por vía telefónica y a través de internet desde distintos países, los jueces sesionaron hasta emitir su primera sentencia, en la que además “disuelven” la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que preside en Caracas la excanciller chavista Delcy Rodríguez.
La ANC fue creada en Venezuela, a pedido de Maduro, con el fin de reescribir la Constitución sin que mediara una consulta popular para su convocatoria, aunque sí se realizaron elecciones el 30 de julio para escoger a sus miembros.
Por esto no es reconocida como legítima por la oposición y es desconocida por una docena de gobiernos latinoamericanos, así como por la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá.
“Declaramos el fraude del proceso de la ANC”, dijo Martín. “Asimismo, declaramos disuelta la ANC e instamos a la Sala de Casación Penal para que establezca la responsabilidad penal de cada uno de sus integrantes”.
El magistrado Gustavo Sosa Izaguirre, también en Miami, explicó que la decisión judicial se basa en el artículo 333 de la Constitución venezolana de 1999, que establece “el deber de todos los ciudadanos, investidos o no de autoridad, de colaborar en el restablecimiento de la vigencia de la Constitución nacional”.
La ANC es “ilegítima”, dijo Sosa Izaguirre a la AFP, porque para su creación se desconoció el requisito de la consulta popular.