Un acuerdo de colaboración permitió al exdirector del PAN alcanzar una condena de cinco años de cárcel y la devolución de algunos bienes entre los que se halla una residencia valorada en casi un millón de dolares en el exclusivo residencial Costa del Este.
El reo Rafael Guardia, quien estuviera a cargo de la dirección del desaparecido Programa de Ayuda Nacional (PAN), anunció su disponibilidad de devolver al Estado todos aquellos bienes adquiridos inclusos lícitamente.
La información fue proporcionada por Víctor Orobio, abogado defensor de Guardia, exdirector del PAN quien la semana pasada fue condenado a cinco años de prisión, tras un acuerdo de colaboración alcanzado con el Ministerio Público.
Ese acuerdo dejó en manos del juez decimoquinto, ramo penal, Leilie Loaiza, el destino de los bienes que le habían sido aprehendidos a Guardia durante la investigación entre los que se encontraban cuentas bancarias, una residencia por un valor de casi un millón de dólares en la exclusiva Urbanización Costa del Este y vehículos entre los que figuraba un Porsche Cayenne.
Tras divulgarse el contenido de ese acuerdo se levantó una escalada de voces que repudiaba la devolución de propiedades y dinero a Guardia debido a que el exfuncionario había confesado su participación en una organización que, desde la estructura gubernamental, abultó los precios de las licitaciones para recibir a cambio beneficios económicos proporcionado por aquellas empresas beneficiadas en esos actos.
Orobio acudió en la mañana de hoy, lunes 18 de diciembre, al Ministerio Público y entregó una nota firmada por exdirector del PAN en la que manifestaba su “voluntad” irrevocable de “poner a disposición del Ministerio Público, los bienes y cuentas bancarias desaprehendidos para que, conforme al adecuado procedimiento, sean comisados e ingresen al patrimonio del Estado”.
En su carta, Guardia dijo expresar sus “más sinceras disculpas al país” luego del rechazo nacional que provocó la devolución de bienes que, a su juicio, fueron obtenidos con su “esfuerzo personal y laboral” durante los años en que trabajó antes de convertirse en servidor público.
Guardia, en su carta, dijo comprender la “insatisfacción nacional” generada con la medida de devolución de bienes que lo obligó a dar el “paso” arriba mencionado.
La polémica decisión del juez fue apelada por el Ministerio Público y está en trámite que el expediente sea remitido al Segundo Tribunal Superior.