Magistrado Zamorano buscará pruebas contra diputado perredista "Fello" Pérez

Magistrado Zamorano buscará pruebas contra diputado perredista "Fello" Pérez
Alfredo Pérez (Al centro), diputado del circuito 8-4. Foto/Asamblea

La decisión se adopta en momentos en que la Asamblea se dispone a escoger dos nuevas magistradas para la Corte en un proceso en el que el Gobierno no cuenta con los votos

En la vispera del inicio de las sesiones extraordinariss de la Asamblea Nacional de Diputados, el pleno de la Corte Supresa de Justicia dispuso iniciar un proceso camino a determinar la vinculación del diputado de Partido Revolucionario Democrático Alfredo ” Fello” Pérez con la comercialización ilegal de madera.

La decisión del máximo tribunal contempló la designación del magistrado Abel Zamorado como fiscal en este caso y a su colega, José Ayú Prado en funciones de juez de garantías.

“Fello” Pérez, quien representa en la cámara Distrito agrícola de Chepo en la provincia de Panamá, El caso tiene su génesis en el 7 de septiembre de 2012 cuando se registra un supuesto contrabando de madera de cocobolo y bálsamo descubierta en manos de la empresa Agro Darién S.A.

De acuerdo con las investigaciones, al resultar descubiertos, personal de la empresa intentó sobornar al agente de la Policía Nacional con las pretensiones que dejara pasar el cargamento.

El agente, quien rechazó la oferta, hizo el correspondiente reporte que permitió descubrir que la empresa Agro Darién S.A., que a la fecha de los hechos tenía como perredista “Fello” Perez representante legal no habían presentado al entonces Autoridad Nacional de Ambiente ( Anam), hoy Ministerio de Ambiente, la correspondiente solicitud de guía de exportación para esas especies.

Las investigaciones recayeron inicialmente en el Juzgado Séptimo Penal, pero fueron remitidas a la Corte Suprema de Justicia, una vez Fello Pérez adquirió condición de Diputado Nacional.

Ahora el diputado Pérez mantiene abierto un expediente en la Corte en momentos que decidirá con su voto el destino de las designadas magistradas en ese máximo tribunal impulsadas por el Gobierno que no cuenta con el respaldo de la mayoría requerida para su ratificación en la cámara legislativa.

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