Los beneficios de ser magistrado en la Corte Suprema de Justicia

Los beneficios de ser magistrado en la Corte Suprema de Justicia
Sede de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Foto/Archivo

Ademas de 10 mil dólares mensuales, pasaporte diplomatico, 200 galones de combustibles, un magistrado tiene 10 asistentes, escolta y derecho a viaje

Un magistrado de la Corte Suprema de Justicia es el más alto cargo en la estructura del Órgano Judicial al que puede aspirar un profesional del derecho en Panamá.

En 10 años, que ejercerá su cargo, tendrá garantizado un ingreso de $1.2 millón en concepto de salario mensual de $6,000.00 mil más $4,000.00 mil en gastos de representación.

Indistintamente en la Sala que desempeñe sus tareas, un magistrado de la Corte tiene derecho a escoltas automóvil oficial, sin franja amarilla y con placa encubierta (aquellas cuyo número no aparece en el Registro Único Vehícular), 200 galones de combustibles mensuales gratis y la importación cada dos años de vehículo para uso particular libre de impuesto.

Pasaporte diplomático, aparato celular sin restricción de minutos y con derecho a servicio roaming (recibir y hacer llamadas en el extranjero) y el nombramiento sin ninguna objeción de al menos 10 asistentes forman parte también de sus beneficios.

Si accede a un cargo en la directiva de la Corte, el magistrado tendrá influencia en la designación de personal administrativo. Como se recordará los presidentes de las tres Salas de la Corte (Civil, Penal, Contencioso Administrativo) componen la Sala Cuarta de Negocios Generales donde se firman los nombramientos.

Como parte del pleno, el magistrado interviene en la elección de los magistrados de los Tribunales Superiores, quienes, a su vez, designan a los jueces de circuito.

Al entrar en vigencia el Sistema Penal Acusatorio hay asistentes de magistrados de la Corte que hoy son magistados de Tribunales de Apelaciones o Defensores Públicos.

Hay algumos magistrados que conocen el mundo como parte de sus funciones como “servidor público” con millas incluidas y toman licencia para adquirir diplomados de especialización.

Pero no se asombre. No hay que olvidar que, de paso, sus decisiones son definitivas, inapelables y de obligatorio cumplimiemto para el resto de los mortales, claro está, porque todo lo hacen en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

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