Los miembros del Comité de la ONU expresaron que están “preocupados” por que las adolescentes menores de 19 años representen el 18,7% de los embarazos registrados en 2016, en el país canalero.
Comité de Naciones Unidas para los Derechos de los Niños solicitó a Panamá despenalizar el aborto en adolescentes, asegurar que las chicas tengan el derecho a un aborto seguro y salvaguardar que todas las adolescentes tengan acceso fácil a tratamientos anticonceptivos, fue la solicitud hecha este jueves, 8 de febrero, por el Comité de Naciones Unidas para los Derechos de los Niños.
Y es que, el pasado 2 de febrero, Panamá se sometió al escrutinio de este Comité, y tras la evaluación de la aplicación que el país hace de la Convención Internacional de los Derechos de los Niños, redactó unas conclusiones que publica hoy.
En el documento, los miembros del Comité expresan que están “preocupados” por que las adolescentes menores de 19 años representen el 18,7% de los embarazos registrados en 2016, en el país canalero.
También, muestran su inquietud por el alto índice de abandono escolar de chicas embarazadas, el limitado acceso a servicios de salud adecuados para adolescentes y los altos índices de enfermedades de transmisión sexual.
Ante este contexto, el Comité recomienda a Panamá que “despenalice el aborto en todos los casos, asegure que las chicas tengan acceso a un aborto seguro y a servicios postaborto, revise su legislación para salvaguardar el interés de las chicas embarazadas y que asegure que sus opiniones sean tenidas en cuenta en relación a la interrupción voluntaria del embarazo”.
Igualmente, los expertos recomiendan a las autoridades que “garanticen el acceso fácil de las adolescentes a anticonceptivos baratos”.
Las conclusiones también recomiendan a las autoridades panameñas que adopten una estrategia de comunicación sobre salud sexual y reproductiva especialmente centrada en las adolescentes, con el doble objetivo de evitar embarazos tempranos no deseados y reducir las tasas de enfermedades de transmisión sexual.
En este sentido, el Comité recomienda que se retome en el Parlamento el debate de la ley número 61 que versa sobre la introducción de la educación sexual y reproductiva, y que esta enseñanza sea obligatoria del currículum escolar.
Por otra parte, los expertos instan a las autoridades panameñas a que investiguen la posible existencia de casos de mutilación genital femenina entre su población indígena en las áreas fronterizas con Colombia.
El Comité afirma que si se prueba la existencia de estas prácticas, el Estado debe hacer todo lo necesario para acabar con estos peligroso y perniciosos procedimientos.