La detención de la exprimera dama de Honduras podría desentrañar una red de corrupción y narcotráfico en la que estarían envueltos diputados, empresarios, su esposo el expresidente Porfirio Lobo (2010.2014) y allegados al actual presidente Juan Orlando Hernández
Rosa Elena Bonilla, de 48 años, fue detenida el miércoles por la Policía Militar de Orden Público y agentes de la Dirección Técnica de Investigación Criminal cuando se encontraba en la residencia de su hermana, Giselle Bonilla, en las afueras de Tegucigalpa. Detuvieron además a su cuñado Mauricio Mora, esposo de Giselle. Mora fue director de Desarrollo Comunitario del despacho de la Primera Dama.
La detención de Bonilla es un hecho sin precedentes en Honduras, donde en 36 años del retorno de la democracia ningún exfuncionario estatal fue condenado por apropiarse de recursos gubernamentales. La justicia los declara inocentes alegando la inexistencia de pruebas o el Congreso Nacional promulga leyes para protegerlos.
No hay personajes públicos en la cárcel, en un país donde las estadísticas oficiales indican que la impunidad alcanza un 96%.
“Hoy es un gran paso contra la impunidad”, escribió en su cuenta de Twitter la directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, quien con su equipo investigó a Bonilla por dos años y presentó evidencias a la Fiscalía General.
La principal acusación contra Bonilla es la de haber depositado $600,000 de fondos públicos en su cuenta personal en el Banco Ficohsa -cuya sucursal en Panamá fue acusada en 2015 de blanqueo de capitales- cinco días antes de que su esposo concluyera su periodo constitucional en enero del 2014.
Donaciones de Taiwan
Bonilla no ha justificado, además, por lo menos $6 millones que el gobierno entregó a su despacho, junto con otros $4 millones de donaciones principalmente de Taiwan.
A la Bonilla se la acusa de “haber creado una red de blanqueo de capitales para ocultar el dinero proveniente del Estado y que estaba destinado a obras sociales”.
En diciembre pasado, Bonilla se presentó voluntariamente a los tribunales con sus abogados, pero no se le imputaron cargos. En ese momento negó los hechos calificándolos como un “circo” de la CNA y afirmó ser inocente de lo que se le acusa.
Una fuente del Ministerio Público informó que, ante la gravedad de los hechos, la Fiscalía General “aseguró” a Bonilla una media docena de propiedades, entre viviendas y terrenos que serán incautados si resulta culpable de los delitos de enriquecimiento ilícito y abuso de autoridad.
Las investigaciones del CNA, un organismo no gubernamental integrado por 12 agrupaciones religiosas y civiles, fueron coordinadas con una misión especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que hace un año investiga casos de corrupción en Honduras.
La Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), llegó a ese país en el 2016 luego de tres meses de masivas protestas en las que los hondureños exigieron al presidente Juan Orlando Hernández combatir la creciente corrupción.
Una relección fraudulenta
Hernández, del Partido Nacional de Honduras, el mismo que llevó a la presidencia a Lobo, fue reelecto en enero pasado por 50,000 votos sobre su más cercano adversario, Salvador Nasralla, el candidato de la llamada Alianza de Oposición Contra la Dictadura. Una elección señalada como fraudulenta que generó enfrentamientos callejeros con saldo de 36 muertos. La OEA y el gobierno de Estados Unidos, avalaron el resultado.
La reelección de Hernández ya era de por sí polémica porque la Constitución hondureña todavía prohíbe que “el ciudadano que haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo” vuelva a ejercer como presidente e incluso pena con la pérdida de la ciudadanía a quien la incita o promueva.
Pero Hernández pudo participar en la contienda amparado por una cuestionada resolución de la Corte Suprema de Justicia que en el 2015 declaró inconstitucional el artículo 239 de la Carta Magna. Antes, había destituido a cuatro magistrados contrarios a la reelección, sustituyéndolos por personajes afines a sus planes.
Hernández garantiza la continuidad de la alianza político-empresarial que apoyó el golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya y gobierna el país desde mediados de 2009.
Hace dos semanas el jefe de la Maccih, el peruano Juan Jiménez Mayor, abandonó Honduras después de dimitir denunciando falta de apoyo del secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, pero aseguró que el organismo seguiría funcionando.
La Maccih no puede acusar en los tribunales pero tiene fiscales investigadores que trabajan con el MP.
La Maccih es una réplica de la Comisión Contra la Impunidad (Cicig) en Guatemala, que se ha convertido en un referente para la región. Un grupo de jueces incorruptibles, bien pagados, con medidas de seguridad y ajenos a las redes de poder e impunidad seleccionados por Naciones Unidas, ha logrado encarcelar a varios exministros y expresidentes con el Código Penal como única arma.
El último imputado por corrupción fue el exmandatario guatemalteco Álvaro Colom, quien había sido designado por la OEA para mediar en la crisis postelectoral hondureña.
Golpe a la familia Lobo
La detención de Bonilla golpea de lleno a la familia Lobo. Una vez en poder de la justicia, ahora los fiscales pueden apuntar directamente al propio expresidente por sus vínculos con el llamado cartel de Los Cachiros, en la concesión de proyectos hidroeléctricos y las vinculaciones con el asesinato de la líder ecologista Berta Cáceres.
Tras ganar las elecciones en el 2010, Lobo debía sellar las heridas que unos meses antes había dejado el golpe de Estado contra el presidente Zelaya.
Pero su gobierno se convirtió en una los más corruptos de la historia reciente de Honduras. Su hijo, Fabio Lobo, está encarcelado en Nueva York acusado de tráfico de cocaína y purga una condena de 24 años de prisión por mover avionetas cargadas de cocaína desde Haití a Estados Unidos entre 2009 y 2014, justamente en los años en que su padre era presidente de Honduras. A comienzos de febrero falleció otro de los hijos de la pareja, Cristian Javier Lobo, por problemas de alcohol.
Para bloquear la misión de la OEA, el Congreso Nacional de Honduras aprobó a mediados de enero una reforma para impedirle realizar investigaciones y transferir gran parte de sus competencias al Tribunal de Cuentas, controlado por los partidos políticos.
Con esa reforma cinco diputados que estaban encarcelados por quedarse con dinero público destinados a organizaciones no gubernamentales fueron liberados. Ese pacto de impunidad, también frenó una investigación que implicaba a otros 60 diputados más, incluido el presidente del Congreso Nacional.
La medida bloqueó, además, las investigaciones del escándalo relacionado con los sobornos de la constructora Odebrecht a funcionarios de los tres últimos gobiernos, incluyendo el de Lobo.
De acuerdo a la Maccih, la sorpresiva detención de Bonilla podría desentrañar una “red más amplía y podría llegar a 140 diputados, incluido el presidente Lobo”.
Cartel de Los Cachiros
Además del caso de Bonilla, la Maccih reunió pruebas que vinculan al exmandatario con el cartel del narcotráfico conocido como Los Cachiros, uno de los más sanguinarios de Centroamérica, y su estrategia para lavar dinero a través de licitaciones públicas de proyectos hidroeléctricos y de infraestructura.
Dos jefes del cartel de Los Cachiros, que se entregaron a la justicia estadounidense en enero del 2015, acusaron a Lobo de haber recibido sobornos para otorgarles concesiones en proyectos hidroeléctricos, en la Empresa Nacional Portuaria y en el Fondo Vial.
Cuando estaban en libertad, los hermanos Devis Leonel y Javier Rivera Maradiaga hacían temblar a sus rivales en el lucrativo negocio del transporte de droga a través de Honduras, uno de los países más violentos del planeta.
Pero ahora quienes tiemblan son los políticos y funcionarios públicos con los que “Los Cachiros” cultivaron vínculos durante el más prolongado reinado criminal de la historia de Honduras. Sus delaciones llevaron a la captura del hijo de Lobo quien se declaró culpable de narcotráfico y está preso en Nueva York.
Las declaraciones de los hermanos Rivera Maradiaga, también provocaron la estrepitosa caída del Grupo Rosenthal -uno de los más poderosos e influyentes del país- por supuestos vínculos con el narcotráfico. El Grupo Rosenthal, con activos por $1,200 millones, controlaba bancos, medios de comunicación y una vasta red de inversiones, fue incluido en la Lista Clinton.
También señalaron como receptor de sobornos y de vínculos con el narcotráfico al diputado Antonio “Tony” Hernández, hermano del presidente Hernández.
Extraditar al expresidente
Según el expresidente de la Asociación Nacional de Industriales de Honduras, Adolfo Facussé, Lobo ha sido pedido en extradición por Estados Unidos, pero el gobierno de Hernández se está negando a entregarlo porque teme la crisis política que provocaría tal medida.
Facussé apuntó que la jueza estadounidense que ha llevado el caso de Los Cachiros”, Lorna Schofield, mencionó hace algunos meses que en Honduras habían involucrados en el narcotráfico diputados al Congreso Nacional y empresarios.
La agencia internacional de noticias AFP, publicó en marzo del año pasado un informe de la fiscalía de Nueva York que aseguró que el expresidente Lobo acordó proteger a narcotraficantes junto a su hijo Fabio a cambio de sobornos.
El documento es un memorando del gobierno estadounidense previo a la audiencia en la cual un exjefe de la banda de narcotraficantes Los Cachiros afirmó que el expresidente nombró a su hijo Fabio como “interlocutor” del cártel.
“Mientras Lobo Sosa era candidato a presidente de Honduras en 2009, los líderes de Los Cachiros le pagaron aproximadamente $500,000 a cambio de protección política de investigaciones policiales, impedir la extradición a Estados Unidos y el otorgamiento de contratos de agencias gubernamentales hondureñas a compañías fachada para lavar dinero controladas por Los Cachiros”, afirmó el memorando.
Honduras no autorizó la extradición de narcotraficantes a Estados Unidos hasta el 2012, y “ninguna extradición ocurrió cuando el presidente Lobo Sosa estaba en el cargo”, recordó.
Consultado sobre si el gobierno estadounidense ha pedido o estudia pedir a Honduras la extradición del expresidente Lobo, que vive en Honduras y no viaja fuera del país, un portavoz de la fiscalía del distrito sur de Nueva York respondió: “No podemos comentar”.
“Mi conciencia está limpia de todo acto ilícito que se señale contra mi persona. Me someto a las indagaciones y cualquier investigación minuciosa de las autoridades”, dijo el expresidente Lobo tras las denuncias de los excapos de Los Cachiros