Suspenden por sexta vez audiencia por caso de escuchas telefónicas

Suspenden por sexta vez audiencia por caso de escuchas telefónicas
A Pérez y Garúz se les investigó por el delito contra la libertad en la modalidad de inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad. Foto/Archivo

El Segundo Tribunal de Justicia del Primer Distrito Judicial, solicitó el expediente original, por ende al no contar con los tomos y cuadernillos originales, el Juez Décimo Sexto de Circuito de lo Penal no pudo realizar la audiencia

El Ministerio Público (MP), confirmó la suspensión por sexta vez de la audiencia por el caso de las escuchas telefónicas o “pinchazos” por parte del Juzgado Decimosexto de Circuito Penal a la que asistirán dos exsecretarios ejecutivos del Consejo de Seguridad del pasado gobierno, Gustavo Pérez y Alejandro Garuz, acusados por por el delitos contra la libertad inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad.

El motivo de la suspensión fue la presentación de una Acción de Habeas Corpus por parte de la defensa técnica del imputado exdirector del Consejo de Seguridad Nacional, que aún no ha sido resuelta por parte del Segundo Tribunal Superior de Justicia.

Esta es la sexta ocasión en que se suspende esta audiencia; la primera fue el 4 de abril de 2017, por falta de notificación; la segunda el 25 de abril de ese mismo año por falta del traslado del imputado ex Secretario Ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional desde el centro penitenciario El Renacer; la tercera vez, el 7 de agosto de 2017, tampoco se realizó ese traslado.

Por cuarta vez, el pasado 4 de septiembre de 2017, fue suspendida por la presentación de una incapacidad médica por parte del segundo imputado también ex Secretario Ejecutivo del Consejo de Seguridad y la quinta ocasión el 15 de enero de 2018, porque el primero imputado se negó a ser trasladado al Tribunal, señalando que su abogado le había manifestado que se acogería a la fecha alterna de audiencia el 5 de marzo.

La investigación realizada por la Fiscalía Especializada Contra la Delincuencia Organizada estableció que hubo un perjuicio a varios ciudadanos (más de 40 víctimas), entre ellos: políticos, sindicalistas, empresarios, periodistas y funcionarios públicos en funciones, a quienes se les efectuaron escuchas telefónicas no autorizadas legalmente y se les transgredió su derecho a la intimidad.

El MP, está a la espera que el Segundo Tribunal Superior devuelva el expediente al juzgado 16°, para que se emita la resolución que fije la nueva fecha en que deberá realizarse esta audiencia, que tiene previsto se realice por un período de dos semanas completas, por la cantidad de víctimas que resultaron de estos actos delictivos.

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