Fiscalía Anticorrupción solicita reapertura del caso sobre juntas comunales

Fiscalía Anticorrupción solicita reapertura del caso sobre juntas comunales
Foto/Vía Twitter @PrensaOJ

El Juzgado Quinto del Circuito Penal de Panamá solo se encargara de las investigaciones de las juntas comunales del Primer Circuito Judicial de la provincia de Panamá

El fiscal Anticorrupción de Descarga de la Procuraduría General de la Nación, Adecio Mojica Peña, solicitó al Juzgado Quinto de Circuito Penal de Panamá la reapertura del caso de juntas comunales.

El expiendiente corresponde al supuesto delito contra la administración pública, mediante los traslados de fondos estatales hechos por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a municipios y juntas comunales, durante el quinquenio pasado.

Este escrito de reapertura fue presentado en los estrados del tribunal a las 4:48 p.m., del lunes 12 de marzo ante el Juzgado Quinto Penal.

El documento hace referencia a las 187 auditorías practicadas a las Alcaldías y juntas comunales desplegadas a lo largo del territorio nacional, que fueron entregadas en febrero pasado  por el contralor Federico Humbert al Ministerio Público, entre las que destacan la de Río de Jesús (Veraguas), Pedasí (Los Santos), Bastimentos (Bocas del Toro).

El uso irregular de Partidas Circuitales por el orden de $319 millones de los que $247 fueron gestionados por 70 diputados, durante el periodo 2010 a 2014, ha puesto en el ojo de la tormenta la administración de estos fondos en los gobiernos locales.

Desde el 5 de mayo de 2015, el Juzgado Quinto Penal, a cargo del juez Enrique Paniza, emitió el Auto No.86 en el que dictó un sobreseimiento provisional, de carácter objetivo e impersonal en esta investigación.

El Juzgado Quinto del Circuito Penal de Panamá solo se encargara de las investigaciones de las juntas comunales del Primer Circuito Judicial de la provincia de Panamá

Paniza aclaró que solo puede pronunciarse en esta jurisdicción,porque las otras juntas corresponden a otros distritos judiciales.

.Con la reapertura del expediente se busca dar inicio de investigaciones a personas naturales y empresas vinculadas a las transferencias de las partidas. Y es que, según Humbert unos $70 millones fueron gestionados de manera irregular, tras ventilarse en las auditorías la falta de documentos legales que sustentaran el debido proceso de uso de las transferencias.

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