Aspirante a magistrado contratado en presidencia por un cuarto de millón de dólares

Aspirante a magistrado contratado en presidencia por un cuarto de millón de dólares
En el documento la cifra exacta fue 256 mil 800 dólares. Foto/ENS

El bufete de Rogelio Saltarín ha sido cercano al Palacio de las Garzas. Ahora intenta convertirse en magistrado

Rogelio Saltarín, es el segundo nombre en la lista de los que el gobierno seleccionó, como aspirantes potables para una magistratura en la Corte Suprema de Justicia.

Tal vez está entre los primeros porque es un nombre que se menciona con frecuencia en los despachos del Palacio de las Garzas. Y su cercanía con el poder viene desde que el gobierno inició.

En 2015 fue contratado como consultor de todos los ministerios, debía ayudar a las instituciones a encontrar pruebas de actos de corrupción y presentar las denuncias. Los servicios le costaron al Estado un cuarto de millón de dólares.

Este martes 1 de mayo, se divulgó el documento que certifica el contrato de consultoría No.16/2015 a favor de Saltarín, Arias & Asociados Auditores Jurídicos, la firma de abogados de Rogelio Saltarín Rodríguez, preseleccionado para ser el remplazo de Jerónimo Mejía cuyo período venció el 31 de diciembre de 2017. En el documento la cifra exacta fue 256 mil 800 dólares.

Cabe señalar que este miércoles 2 de mayo los miembros del Pacto de Estado por la Justicia (PEJ), sostendrán una reunión con el fin de analizar la metodología para evaluar la lista de 20 abogados que cumplieron con los requisitos constitucionales y aspiran ser magistrados de la Sala de lo Civil y la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en reemplazo de los magistrados Oyden en Ortega y Jerónimo Mejía cuyos períodos vencieron el 31 de diciembre de 2017.

Para seleccionar a los 20 juristas entre 154 aspirantes, se creo una comisión ministerial integrada por el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán; la ministra de Gobierno, María Luisa Romero; el viceministro de la Presidencia, Salvador Sánchez; la viceministra de Desarrollo Social, Michelle Muschett y el abogado Gian Castillero.

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