Abogado Ángel Álvarez, querellante de Ricardo Martinelli pide audiencias

Abogado Ángel Álvarez, querellante de Ricardo Martinelli pide audiencias
Fachada de la Corte Suprema de justicia. Foto/Archivo.

La querella penal fue presentada en contra de Martinelli por la posible comisión de delito constitutivos de lesiones a la Intimidad y a la administración de justicia

Este viernes 8 de junio la firma de abogado Vega & Álvarez, solicitó al Magistrado de Garantías de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Jerónimo Mejía dos audiencias de control para que una vez el expresidente Ricardo Martinelli sea presentado ante la jurisdicción de la República de Panamá, se resuelvan cuestiones previas planteadas por los abogados de las víctimas y querellantes: Miguel Antonio Bernal, Yassir Purcait, Yadira Pino y otros.

La primera audiencia es para resolver todo lo referente a la imputación y la segunda para que una vez cumplido lo anterior y dentro de las 48 horas seguidas a la presentación en Panamá, el expresidente Martinelli, sea llevado al Pleno de la CSJ para audiencia en cuanto a mantener la detención provisional.

“Comparecemos para solicitar que una vez cumplido el trámite de extradición del señor Ricardo Martinelli Berrocal, por la posible comisión de los delitos contra la intimidad, contra la administración de justicia, contra la personalidad interna del Estado y otros… se adopten todas las gestiones y coordinaciones pertinentes, para que en el plazo no mayor de cuarenta y ocho (48) horas, contados a partir de que sea presentado ante la jurisdicción de la República de Panamá, se celebre ante el pleno de la Corte Suprema de Justicia, la audiencia de control a efectos de mantener la detención provisional del procesado”, señala la firma de abogados.

La investigación realizada por la Fiscalía Especializada Contra la Delincuencia Organizada estableció que hubo un perjuicio a varios ciudadanos (más de 40 víctimas), entre ellos: políticos, sindicalistas, empresarios, periodistas y funcionarios públicos en funciones, a quienes se les efectuaron escuchas telefónicas no autorizadas legalmente y se les transgredió su derecho a la intimidad.

 

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