Por haberse opuesto a proyectos mineros, forestales o agroindustriales, al menos 207 personas murieron en el mundo en 2017, de las cuales casi un 60% en América Latina y especialmente en Brasil, según la oenegé Global Witness.
Este balance contabilizado en 22 países está sin duda por debajo de la realidad, según el informe “¿A qué precio?”, publicado el martes por la oenegé británica. La cifra supera además el récord de 2016, con al menos 200 muertos.
Las víctimas eran líderes locales, responsables de proteger la fauna salvaje o “personas corrientes” que defendían sus tierras.
Brasil registró el peor balance, con 57 muertos, con tres masacres en las que fallecieron 25 personas. Ese balance fue cuestionado por el gobierno brasileño, que acusó a la oenegé de utilizar “datos equivocados, inflados, fágiles y una metodología dudosa”.
El segundo país con más asesinatos de ambientalistas es Filipinas (48), seguido de Colombia (24 muertos) y México (15).