Las 986 víctimas fueron ejecutados por sospechas de colaborar con la entonces guerrilla izquierdista. Entre ellos se cuentan 558 niños, según un reciente censo.
Campesinos de El Mozote, en el noreste de El Salvador, reclamaron este jueves hacer cumplir las medidas de reparación por la más grande masacre de la historia reciente de América Latina, en la que mil personas fueron ejecutadas por el ejército en 1981.
“Le pedimos a la Corte que siga supervisando para que se dé total cumplimiento de la sentencia en todas las medidas de reparación, y que no nos dejen solas a las víctimas”, declaró a la AFP la presidenta de la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote, Dorila Márquez.
En la plaza central de El Mozote, 200 km al noreste de San Salvador, Márquez encabezó a un grupo de mujeres, ancianos y jóvenes de la comunidad en un emotivo acto de “dignificación” de las víctimas, en presencia de los jueces Raúl Zaffaroni (Argentina) y Humberto Sierra (Colombia), de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
El tribunal con sede en San José de Costa Rica condenó al Estado Salvadoreño por la masacre, la más grave de la guerra civil salvadoreña (1980-1992), y ordenó medidas de reparación.
La matanza fue perpetrada entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981 por soldados del ahora proscrito Batallón Atlacatl del Ejército en El Mozote y comunidades adyacentes.
Otras 712 personas sobrevivieron el ataque y se vieron obligadas a abandonar la zona, luego de que sus casas y cultivos fueron quemados en el operativo de “tierra arrasada”.
Contra la impunidad
La Comisión de la Verdad creada en 1993 por la ONU para investigar los crímenes de la guerra, culpó de la masacre a un grupo de militares, entre los que figuran el comandante del batallón Atlacatl, el coronel Domingo Monterrosa, y su jefe de operaciones, Armando Azmitia. Ambos murieron en 1984, cuando un helicóptero fue abatido por la guerrilla.
La guerra civil terminó el 16 de enero de 1992 tras la firma de acuerdos de paz.
Los jueces de la Corte IDH se trasladaron el miércoles a San Francisco Gotera, capital provincial de Morazán, para supervisar el cumplimiento del proceso judicial que ordenaron para juzgar a los responsables de la masacre.
Los jueces llegaron al juzgado de San Francisco Gotera donde fueron informados sobre el proceso abierto en 2016 contra 18 militares implicados en la matanza.