Los países abordaron la violación de los derechos humanos por las propuestas, pese a los intentos de Ortega por impedir la discusión.
La sesión se realizó a pesar de la oposición de Rusia, China, Bolivia y Etiopía, que alegaron que la situación de Nicaragua no representa una amenaza para la paz internacional, aunque la embajadora estadounidense Nikki Haley advirtió que el Consejo “no puede ser un observador pasivo” mientras Nicaragua corre el riesgo de convertirse en un “estado fallido” y “dictatorial”. El canciller nicaragüense, Denis Moncada Colindres, calificó como una “injerencia a la soberanía” de su país la reunión. Haley dijo, además, que Nicaragua seguía el camino de Siria y Venezuela, que ha dejado millones de desplazados.
Ortega había movido toda su maquinaria diplomática para evitar que se realizara la discusión sobre la crisis que a traviesa Nicaragua. El presidente, que durante once años prácticamente no había concedido entrevistas, en las últimas semanas ha abierto las puertas de su casa para recibir a cadenas internacionales y explicar que lo ocurrido en Nicaragua fue un intento de “golpe de Estado” que su Gobierno pudo contrarrestar, aunque un informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos determinó que en este país no ha habido un intento de golpe, pero sí protestas pacíficas que fueron fuertemente reprimidas.
Ortega, además, ordenó la movilización de todos los trabajadores del Estado y de decenas de miles de sus simpatizantes para repudiar la sesión del consejo y mostrar respaldo al Gobierno sandinista. La tarde del miércoles Managua era una ciudad paralizada, bajo el control del fuerzas antidisturbios y grupos irregulares armados bajo órdenes del mandatario.
“Lo que aconteció hoy es extraordinario debido a que la máxima autoridad política de ONU —que solo trata de asuntos de interés y preocupación global— abrió un espacio en su apretada agenda para examinar la situación de Nicaragua. El propósito de esta primera sesión se cumplió plenamente: se informó al Consejo de Seguridad sobre la brutal represión en Nicaragua que ha causado cientos de muertos, miles de heridos y ha forzado a decenas de miles de personas a huir del país”, explicó a EL PAÍS José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, una organización que ha seguido de cerca la crisis nicaragüense.
A pesar de la oposición de Rusia y China, los otros tres miembros permanentes del Consejo de Seguridad —Estados Unidos, Francia y Reino Unido— consideraron pertinente que se discutiera la situación de Nicaragua, entre otras cosas por la importancia que podría tener este órgano para prevenir una escalada en la violencia que desangra Nicaragua. “La brutalidad del régimen de Ortega ya es percibida a nivel internacional como una amenaza para la estabilidad de la región”, dijo Vivanco.
Francia, Reino Unido, Perú, Países Bajos y Costa Rica insistieron durante la sesión en la importancia de resolver la crisis a través del llamado Diálogo Nacional, que es mediado por la Iglesia, pero que se mantiene estancado dada la negativa del Gobierno de discutir reformas al Estado o adelantar las alecciones, una propuesta que apoya el 81% de los nicaragüenses, según una encuesta presentada el miércoles por el organismo Ética y Transparencia. Costa Rica, que es el país más afectado por la crisis, afirmó que ya ha recibido 12,830 peticiones de refugios de nicaragüenses que huyen por la violencia.
“Ahora que Nicaragua está en la agenda, esperamos que el Consejo se pronuncie para condenar las atrocidades y demandar a las autoridades nicaragüenses que cooperen plenamente con los organismos de derechos humanos”, dijo Vivanco, quien agregó que “el Consejo de Seguridad tiene un rol central que jugar en el desmantelamiento de hampones pro-gobierno (grupos irregulares fuertemente armados) que han operado en conjunto con la Policía para aterrorizar a la población”. Para el activista, “si las violaciones de derechos humanos continúan impunes, el Consejo debería actuar para imponer sanciones contra los altos mandos responsables por los abusos, entre los cuales deberían figurar el presidente Ortega, en calidad de jefe supremo de la Policía, el director de la policía, Francisco Díaz, y el inspector general Jaime Vanegas”. Francisco Díaz fue sancionado a inicios de julio por el Departamento de Estado, que lo señaló como “responsable” de la represión contra los manifestantes, así como de “ejecuciones extrajudiciales” en Nicaragua.