El Colegio de Abogados asegura que una Resolución del MEF, “viola la obligación de secreto profesional entre los abogados y sus clientes”.
Se trata de la Resolución N° JD-REG-003-18 del 20 de septiembre de 2018, emitida por la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Los abogados coinciden en que, esta Resolución, viola el deber de confidencialidad, más allá de su sustento legal, que existe por la necesidad de que haya una absoluta confianza entre el abogado y quien contrata sus servicios.
Por ende, alegan que “si en virtud de esa confianza, un cliente comparte con el abogado, información reservada y personal que, luego, un ente administrativo, so pretexto de desarrollo, normas legales, le obliga a entregar, sin autorización del cliente, y sin mediar investigación por parte de una autoridad competente, se estaría atentando contra la piedra angular, sobre la cual sostiene toda la relación entre el abogado y su cliente, afectando con ello “el libre ejercicio de la profesión”.
El gremio abogadil argumenta además que, la Intendencia de Sujetos No Financieros Obligados del Ministerio de Economía y Finanzas, ya cuenta con un marco legal, que le faculta a realizar inspecciones “in situ” a los sujetos obligados, para los propósitos de velar por el fiel cumplimiento de la Ley 23, del 27 de abril de 2015, y leyes conexas.
Por lo anteriormente expuesto, los juristas consideran que, la entrega de información privada acerca de las estructuras jurídicas de sus clientes, sin que exista una investigación previa “crea un estado de culpabilidad a priori”, violando el artículo 22 de la Constitución Política y el derecho a la intimidad consagrado en el artículo 11, numeral 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
En la amplia nota que lleva la firma de Dionisio Rodríguez, presidente del Colegio Nacional de Abogados, el gremio manifiesta que “no permitirán que se vulneren las conquistas profesionales de los abogados, y el libre ejercicio de la profesión; ni se viole el derecho a la intimidad de los clientes y usuarios de su plataforma de servicios corporativos, para lo cual se impugnará dicha Resolución con todos los recursos que permitan la Constitución y demás leyes nacionales”.