Ambos están bajo la lupa del Departamento de Justicia de EE.UU, por presuntamente participar de un esquema internacional de mil millones de dólares, para lavar fondos malversados de la Petrolera Estatal Venezolana.
El detalle de esta información, aparece en las Resoluciones de la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá, números 358-18 y 359-18 del 10 de agosto de 2018, divulgadas este lunes, 8 de octubre en Gaceta Oficial.
En el documento se detalla que, esta Superintendencia suspendió la licencia de Corredor de Valores y Analista a Gustavo Hernández Frieri, de nacionalidad colombiana, con domicilio residencial en Miami y pasaporte colombiano; y Mathías Krull de 44 años, ciudadano alemán y residente panameño.
A estos individuos, el pasado 25 de julio de 2018, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica, a través de la oficina de asuntos públicos remitió un comunicado, en el que indica lo siguiente: “Dos supuestos participantes en un esquema internacional de mil millones de dólares, para lavar fondos malversados de la Petrolera Estatal Venezolana (PDVSA), usando bienes raíces en Miami, Florida y complejos esquemas de inversión falsa, fueron arrestados ayer y hoy.
Según la demanda penal, la conspiración en este caso supuestamente comenzó en diciembre de 2014, con un plan de de cambio diseñado para malversar alrededor de $600 millones de PDSVA, obtenido a través de soborno y fraude, y los esfuerzos de los demandados para blanquear una parte de los ingresos de este esquema.
Para mayo 2015, la conspiración presuntamente se había duplicado a $1.200 millones malversados por PDVSA, que es la principal fuente de ingresos y divisas de Venezuela.
La demanda alega que los que rodean y apoyan estos esquemas de lavado, de inversiones falsas, son cómplices de administradores de dinero, firmas de corretaje, bancos y firmas de inversión inmobiliaria en los Estados Unidos, y otros lugares operando como una red de lavadores profesionales de dinero.
Los supuestos conspiradores, incluyen antiguos funcionarios de PDVSA, lavadores de dinero profesionales de terceros y miembros de la élite venezolana, a veces conocidos como “boliburgués”.
El documento aclara que, las acusasciones contenidas en la queja, son solo alegatos y todos los acusados se presumen inocentes, hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable, en un Tribunal de Justicia.