El gremio de juristas quiere que se aclare el papel del Consejo de Seguridad en la Procuraduría.
Fue la semana pasada, cuando La Estrella de Panamá, sacó a luz toda la trama del espionaje que se gestó desde la Presidencia de la República, y cómo se montaron casos judiciales con el aval del Consejo de Seguridad Nacional (CSN).
El reportaje investigativo dejó al descubierto la metamorfosis del Consejo de Seguridad Nacional que, en lugar de ser un organismo de inteligencia dedicado a anticipar los movimientos de carteles, grupos armados, mutó hacia un ente de investigación a particulares, escuchar conversaciones privadas, controlar entidades que ven todo lo relacionado a cuentas bancarias e información financiera de empresas y personas, y aquellas ligadas a las investigaciones judiciales.
Fue por esta razón que, el Colegio Nacional de Abogados, a través de un comunicado, pidió que luego de analizar los hechos y evidencias preliminares presentados por una serie de reportajes publicados por el diario la Estrella de Panamá, durante toda la semana pasada; y en donde se hacen públicas importantes revelaciones, considera que “para que se respete la Constitución y la ley, deben iniciarse inmediatamente las investigaciones respectivas sobre esos hechos”.
“Nuestra Carta Magna es clara en la independencia de los poderes, y aunque esta permite que los tres poderes del Estado puedan colaborar de manera armónica entre ellas, existe una línea jurídica que bajo ningún concepto puede y debe ser cruzada, pues podría ocasionar una clara injerencia de un órgano del Estado sobre otro, desnaturalizando la visión que tuvieron nuestros próceres cuando nació la República”, acotó el comunicado.
Agregaron que la Constitución señala y protege como principios básicos de la administración de justicia, el debido proceso y el cumplimiento de los procedimientos legales en toda persecución penal, so pena de nulidad de las mismas.
Por lo anterior, para los abogados, lo publicado en las entregas del diario La Estrella de Panamá, “nos deja una profunda preocupación, porque del análisis jurídico de estas acciones contempladas por diferentes actores, reflejarían dos aspectos importantes a resaltar: el primero que un particular [Rogelio Saltarín] tenía poderes iguales o superiores a los que tiene un Procurador General de la Nación o un fiscal, concentrando facultades de injerencia sobre evidencias y futuras pruebas a utilizarse en procesos judiciales”.
Añaden que, esto se agrava, si valoramos que ese letrado contratado [Rogelio Saltarín] se enfilaba como uno de los 20 abogados designados por el ejecutivo para ocupar el cargo de Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, comprometiendo la imparcialidad debida para este cargo.
De igual forma, plantean que se requiere una investigación profunda en cuanto a la participación de la hoy Procuradora General de la Nación en la preparación preliminar de investigaciones y procesos de los cuales después conocería como máxima autoridad del Ministerio Público, violentando principios esenciales contemplados en la Constitución y la Ley.
Todo lo anterior sin soslayar, que se mencionan actuaciones del Consejo de Seguridad Nacional que vulneran el debido proceso, y las normas legales en materia de investigación penal, por lo que cada uno de estos funcionarios deben explicar a la ciudadanía, sobre la veracidad o no de los señalamientos sobre los hechos denunciados, cuyas evidencias han sido publicadas en el diario de circulación nacional.
Finalmente, el Colegio Nacional de Abogados, considera prudente efectuar este llamado público, frente a semejantes señalamientos, pues la credibilidad de nuestras instituciones y el respeto a nuestro ordenamiento jurídico así lo exige, frente a la crisis que vive nuestra administración de justicia.
Cabe señalar que, a este clamor de investigación, se han pronunciado también La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, y el Consejo Nacional de la Concertación Nacional.
Eexcelente decisión. https://t.co/XQ2yHYwPyP
— Juan Carlos Tapia (@JCTapiaLMB) 9 de octubre de 2018