El que denuncie la presunta comisión de delito contra la administración o delitos patrimoniales que afecten al Estado, tendrá derecho a que se le reconozca, en efectivo, del 10 al 30% del total recuperado.
La entrega del dinero se hará efectivo cuando los activos recuperados hayan entrado al tesoro público.
Así quedó establecido en uno de los artículos del proyecto de Ley 215, que establece la medida de protección y retribución económica a los ciudadanos que denuncien estas presuntas irregularidades, el cual fue aprobado en primer debate por la Comisión de Gobierno.
El documento también señala que el porcentaje a reconocer dependerá de la certeza de la información brindada, determinada por la autoridad competente, y para obtenerla , al igual, se establece en la iniciativa unos requisitos como el no tener parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.
Luego de una serie de modificaciones de forma como de fondo, se aprobó con el consenso del Ministerio Público, Órgano Judicial y otros.