Eduardo Quirós, del Grupo Editorial El Siglo y La Estrella de Panamá expuso ante la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), como a las puertas de un proceso electoral, se están intensificando los ataques verbales y censura a los comunicadores.
Este sábado 20 de octubre, ante la 74 Asamblea General de la SIP, que se celebra en Argentina, Quirós leyó el informe sobre la libertad de prensa en Panamá.
Durante su intervención, realizó una breve radiografía, sobre los casos que han atentado contra el ejercicio del periodismo en nuestro país.
Entre algunas de las situaciones planteadas, en este foro periodístico están las siguientes:
- En abril, el periodista Álvaro Alvarado presentó una querella penal contra Ricardo Maestre, luego de ser amenazado en Instagram con un mensaje: “Cuídate que te van a matar”. No se conocen resultados de la investigación de esta querella.
- Los periodistas Delfia Cortez, Icard Reyes de TVN y Flor Mizrachi, también sufrieron agresiones verbales y a través de las redes sociales.
- En junio, durante el traslado del expresidente Ricardo Martinelli al Centro Penitenciario El Renacer, tras su extradición a Panamá, los camarógrafos Cristopher Núñez y Lenín Ramos y los motorizados Stephan Valdespino de Telemetro y Jhonny Urrutia de TVN, fueron retenidos por unidades de la Policía Nacional, impidiéndoles continuar con su trabajo.
Sobre el caso Martinelli
En agosto, las comunicadoras Mariela Ledezma y Annette Planells, fueron querelladas penalmente por el expresidente Ricardo Martinelli, por el pretendido delito contra el honor de calumnia e injuria, reclamando un supuesto daño moral por la suma de dos (2) millones de dólares.
Ledezma y Planells, han hecho referencia a los casos de corrupción durante su administración, que se encuentran bajo investigación del Ministerio Público (MP).
La esposa del expresidente Martinelli presentó un proceso ante los Juzgados de Familia contra el diario La Prensa, que busca que se ordene a los medios, prensa escrita, televisiva, radial y redes sociales, se abstengan de publicar el nombre o apellido del grupo familiar Martinelli-Linares.
Por su parte, los diarios La Prensa y Mi Diario, ambos propiedad de Corprensa, han informado de demandas interpuestas por Martinelli, sus familiares y allegados en la esfera Penal, Civil y de Familia y Civil, con reclamos indemnizatorios por supuestos perjuicios que ascienden a 21 millones de dólares. Adicionalmente, miembros del partido Cambio Democrático (CD), fundado por Martinelli, entablaron 26 querellas penales contra directivos de La Prensa por un editorial. El total reportado de reclamos, alcanza 62 millones de dólares.
Mediante una nota manuscrita, posteada en redes sociales, el expresidente amenazó con demandar al Consejero Editorial de La Prensa, Rodrigo Noriega, por $5 millones, debido a la publicación de análisis jurídicos relacionados con sus procesos judiciales.
Sobre el Pacto Ético Digital
Quirós recordó que, el Tribunal Electora (TE)l, frente a las elecciones generales y procesos internos de los partidos políticos, continúa promoviendo la firma del Pacto Ético Digital, que busca que se respete la veda electoral, en redes sociales, evitar campañas sucias, evitar el uso de cuentas falsas y “bots” para desinformar o guiar maliciosamente al electorado; promover el buen uso de las redes sociales, y estar vigilantes ante la aparición de noticias falsas.
No obstante, planteó que, en las últimas reformas al Código Electoral se modificó la norma que establecía la prohibición a los medios para divulgar encuestas de opinión durante los procesos electorales.
La norma establecía un período de diez (10) días, el cual se extendió ahora a veinte (20) días calendarios antes de las elecciones. Esta disposición violenta los principios de libertad de expresión y derecho de acceso a la información de los ciudadanos. La medida fue demandada por inconstitucional en un proceso interpuesto por Televisora Nacional TVN. y se encuentra pendiente la decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Despenalización de la calumnia e injuria: Tarea pendiente
Otro caso que denunció, fue el ocurrido finales de agosto de este año, cuando la cadena NEXTV Panamá y la periodista Guadalupe Castillero, fueron demandadas civilmente por Javier Fanuco de la Policía Nacional (Metro Norte), alegando afectación a su honor por una entrevista de la periodista a un ex agente de la Policía Nacional que acusaba a Fanuco de abusos.
La demanda civil pretendía un resarcimiento de 2 millones de dólares, y luego disminuyó a 25 mil dólares. El caso provocó pronunciamientos de todos los gremios periodísticos, y una manifestación de periodistas frente a la sede del MP.
“Los gremios insisten en la despenalización de los delitos de calumnia e injuria, y que se establezcan límites a las demandas civiles”, dijo Quirós.
Detalló que se mantiene vigente en el artículo 195 del Código Penal, sobre la tipificación de la injuria y calumnia, cuando se cometan a través de medios de comunicación, y aunque ha quedado despenalizada cuando la “supuesta víctima” sea un funcionario con mando y jurisdicción nacional, se mantiene vigente para particulares, el resto de los funcionarios y exfuncionarios. Lo que ha llevado a que “varios ex funcionarios han usado esta norma para demandar penalmente a periodistas”.
Expuso que el diputado Sergio Gálvez, en reiteradas ocasiones ha atacado al periodista Álvaro Alvarado de Corporación Medcom y a sus propietarios, calificándolo de “chantajista, extorsionador, ladrón, maleante”, y acusándolo de mantener una campaña negativa contra la Asamblea Nacional.
“Este tipo de agresiones provinieron de funcionarios públicos y ciudadanos, en ocasiones del presidente de la República, quien hizo llamados a los medios de comunicación a que den a conocer las noticias buenas de su administración”, leyó el Gerente de El Siglo y La Estrella, frente a periodistas de la región.
Sobre Editora Panamá-América (EPASA), recordó que esta empresa, mantiene su denuncia sobre una campaña de intimidación por parte del Gobierno. El MP continúa realizando investigaciones denominadas “New Business”, basada en información remitida por la Asamblea de Diputados. EPASA considera que estas investigaciones buscan intimidar a los diarios Panamá-América y Crítica, en represalias por las informaciones relacionadas con casos de corrupción.
Frente a las situaciones antes expuestas, puntualizó que, “los gremios periodísticos han hecho un fuerte llamado al poder judicial, y al MP, para que no se permita el abuso del sistema institucional para censurar, intimidar y perseguir las libertades de expresión e información”.
#AHORA | #SIPSalta Se lee el informe de libertad de expresión en Panamá: https://t.co/VVXg6AoHGJ pic.twitter.com/wVEyty5QNG
— SIP • IAPA (@sip_oficial) 20 de octubre de 2018