El asesor presidencial estadounidense John Bolton ha anunciado este jueves en Miami, más presión y sanciones de EE.UU. contra estos países cuyos gobiernos definió como “la troika de la tiranía”, y les advirtió de que “por fin” van a tener enfrente a “alguien que les planta cara”.
Según Bolton, que pronunció un discurso en Miami sobre la política de EE.UU. hacia América Latina, el Departamento de Estado va a ampliar la lista de entidades de propiedad o controladas por los militares o los servicios de inteligencia cubanos, con las que los estadounidenses no pueden hacer transacciones financieras.
Sobre Venezuela, Bolton ha anunciado que el presidente Trump ha firmado una Orden Ejecutiva (decreto) que impone nuevas y duras sanciones con el fin de impedir que ciudadanos estadounidenses se involucren con quienes hacen “transacciones fraudulentas y corruptas” con oro venezolano.
En el caso de Nicaragua, Bolton no especificó medidas concretas, pero ha señalado que mientras no haya elecciones libres en ese país y se restaure la democracia, el régimen del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, va a sentir “el peso total” de las sanciones estadounidenses.
Bolton ha hablado este jueves en la Torre de la Libertad de Miami, un edificio emblemático de 1925 que en la actualidad es propiedad del Miami Dade College y que tras la revolución cubana de 1959 sirvió de albergue y centro de ayuda para los primeros exiliados de la isla.
El expolio venezolano en el punto de mira
La orden relacionada con operaciones comerciales en oro procedente de Venezuela, tiene como objetivo impedir que ciudadanos estadounidenses se involucren con quienes hacen “transacciones fraudulentas y corruptas” con oro venezolano, ha señalado Bolton.
El texto del decreto explica que la medida se justifica “a la luz de las acciones por parte del régimen de Maduro y personas asociadas para expoliar la riqueza de Venezuela para sus propios propósitos corruptos, degradar la infraestructura de Venezuela y su medioambiente natural a través de mala gestión económica y prácticas industriales y mineras confiscatorias”.
La orden ejecutiva indica que con esto, el Gobierno de Maduro cataliza “una crisis regional de migración” y desatiende “las necesidades básicas de la gente de Venezuela”. En consecuencia, la orden bloquea “toda propiedad e intereses en propiedad de cualquier persona que determine la Secretaría del Tesoro, en consultas con el Secretario de Estado”: