La política migratoria de Donald Trump sufrió un nuevo revés en tribunales de Estados Unidos, cuando un decreto del mandatario para restringir el derecho de asilo fue bloqueado por un juez, mientras miles de migrantes centroamericanos avanzan hacia la frontera sur del país.
Un Juez Federal en California suspendió a última hora de este lunes, 20 de noviembre, un Decreto firmado el 9 de noviembre por el presidente Trump que rechazaba automáticamente toda solicitud de asilo de personas que hubieran cruzado la frontera ilegalmente.
La orden temporal emitida por el juez de distrito de San Francisco, Jon Tigar, tiene alcance nacional y regirá hasta que la corte se pronuncie sobre el tema de fondo, para lo cual el magistrado fijó una primera audiencia el 19 de diciembre.
Tigar indicó que el Decreto de Trump presenta un “conflicto irreconciliable” con la Ley de inmigración y nacionalidad (INA, por su sigla en inglés) de 1965, que establece que cualquier extranjero que llegue a Estados Unidos puede pedir asilo sin importar cómo ingrese.
“Cualquiera sea el alcance de la autoridad presidencial, no puede reescribir las leyes de inmigración para imponer una condición que el Congreso prohibió de manera expresa”, dijo Tigar.
Tigar actuó en respuesta a una demanda presentada por organizaciones de defensa de los derechos civiles, entre ellas la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), que celebró la decisión.
“Esta prohibición es ilegal y pondría en peligro la vida de las personas. Bloquearla es un paso crucial para combatir los ataques del gobierno contra los solicitantes de asilo”, dijo en Twitter.
“Absurdo”, dice el gobierno
Pero la administración Trump, que ha invocado razones de “seguridad nacional” para controlar la inmigración, consideró “absurdo” que activistas busquen frenar al gobierno federal.
“Nuestro sistema de asilo está roto, y cada año se abusan de él decenas de miles de reclamos sin mérito”, indicaron los departamentos de Justicia y de Seguridad Interior en una declaración conjunta, subrayando que el asilo es un “beneficio discrecional” que otorga el Poder Ejecutivo según se cumplan ciertas condiciones.