El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, firmó este viernes un conjunto de normas en pos de la igualdad de derechos para la población sexualmente diversa.
Se trata de cuatro decretos y dos directrices que apuntan a permitir a parejas homosexuales recibir bonos de vivienda (recursos estatales para familias de bajos ingresos), reconocer los derechos de parejas homosexuales binacionales y reconocer la identidad de género a migrantes, entre otros puntos.
El gobierno adoptó este año el reconocimiento legal de la identidad de género de personas transexuales, y uno de los decretos extendió ese beneficio a los migrantes radicados en Costa Rica.
Otra de las directrices declara de interés público el protocolo para dar tratamiento de hormonización a personas transexuales, adoptado por el sistema de seguridad social que administra los hospitales estatales.
“Estamos reconociendo que hay una situación de derechos que goza una mayoría de la población, y otros que no gozan de esos derechos. Lo que hacen estas acciones es procurar esa igualdad pendiente”, dijo Alvarado tras firmar las normas.
El presidente estuvo acompañado de miembros de su gabinete y representantes de la comunidad sexualmente diversa, que celebró la adopción de las medidas.
“Ha habido un rezago histórico en el reconocimiento de los derechos de la población LGBTI; son derechos que la demás población costarricense ha tenido”, comentó en el acto Luis Eduardo Salazar, Comisionado Presidencial para asuntos de diversidad sexual.
Nisa Sanz, activista del Colectivo de Familias Homoparentales, destacó que las medidas permiten saldar una deuda con una población históricamente discriminada, aunque insistió en que resta mucho por hacer.
“Falta avanzar en el matrimonio igualitario. La única figura legal que garantiza la plena protección de la familia es la figura del matrimonio igualitario”, sostuvo Sanz, quien llegó acompañada de su pareja, una mujer de nacionalidad suiza, y los cuatro hijos de ambas.
La Corte Suprema acogió en agosto pasado un recurso para legalizar el matrimonio entre parejas del mismo sexo, en cuya resolución instruyó al congreso a legislar en ese sentido.
En caso de que el Parlamento no haya adoptado la normativa para mayo de 2020, quedará automáticamente legalizado el matrimonio entre parejas homosexuales, según el fallo del máximo tribunal.
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