El desequilibrio institucional panameño

El desequilibrio institucional panameño
Luis Carlos Guerra es abogado, politólogo y Locutor. Foto/Cortesía

La armonía institucional, entendida como el equilibrio, proporción y correspondencia adecuada entre las diferentes entidades que conforman el Estado está determinada por un conjunto de normas legales que al ser ignoradas o desconocidas debilitan la autoridad del ente estatal frente al conglomerado social.

La razón de ser de la institucionalidad es proyectar el asentamiento de un Estado de Derecho sobre el cual se oriente la construcción, diseño de políticas públicas, a fin de que las mismas delimiten el accionar de los administradores y los administrados.

Un hecho cierto es que el ente por sí mismo supone la abstracción tacita de lo que representa, sin embargo la dirección administrativa de quien ejerza sus funciones imprime una naturaleza adicional que puede ser potenciadora de la función pública o tergiversadora de ella.

Las funciones públicas de la institucionalidad panameña están desnaturalizadas producto de la desarmonización en el ejercicio del poder público, al no actuar, hoy día, limitada y separadamente, dado que somos testigos recurrentes de que en el fondo se ejerce es una especie de control, coacción, desde cada Órgano del Estado, dependiendo de la conformación de los mismos y su adecuación a intereses partidistas o políticos.

El análisis pasa por entender que “la problemática institucional comprende las cuestiones vinculadas a la coordinación de los intercambios entre actores sociales y a la producción de bienes colectivos. La calidad de las instituciones, de acuerdo al enfoque neoinstitucionalista, es la dimensión mediadora fundamental entre propósitos, procesos y resultados. Un bajo nivel de congruencia en el contexto institucional produce incertidumbres generalizadas, riesgos en las transacciones y elevados costos en los mercados financieros, de insumos y de productos. Estos costos de transacción producen fallas de coordinación de los actores sociales e inefectividad de las políticas”.

LA INSTITUCIONALIDAD Y GOBERNANZA: ¿NUEVAS PERSPECTIVAS PARA LA GESTIÓN PÚBLICA?..
La realidad es que el desequilibrio institucional más que afectar el estado de las cosas gubernamentales incide directamente en el bienestar colectivo: aumento de criminalidad, irrespeto a la autoridad, intolerancia al cumplimiento de normas, desaceleración económica, genera una especie de histeria colectiva donde se anidan posiciones tales como la exaltación del sistema de corrupción mientras se mantengan beneficios derivados o la desconstrucción totalitaria por el temor a una descomposición incontrovertible.

El sistema democrático, cuanto más abierto más corrupto, cuanto más participativo, más desequilibrado, la desfiguración de sus principios ha generado una sub-democracia gobernante, donde el gobierno del pueblo se transfigura en el gobierno de los pocos elegidos en cada órgano.

Ha sido una falacia pensar que la democracia controla el poder, al final es el poder quien termina controlando los sistemas institucionales, quien es elegido manda, quien nombra manda, la armónica colaboración supone no sobrepasar los límites de la capacidades de cada espacio de poder, la desestabilización sucede cuando el poder pretende controlar a los demás sin considerar que en sí mismo cada componente es una parte del todo, por lo que decantamos en una institucionalidad democrática unitaria o totalitaria versus una democracia institucional acordada y repartida en equilibrio de intereses.

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