El 2019 ha tenido una semana inaugural llena de hechos asombrosos en Panamá
La Presidencia de la República como un acto intimidatorio cercó con unidades armadas del Servicio de Protección Institucional el precinto parlamentario a horas de presentar su informe al país. A la fecha no ha existido una explicación de semejante acto agresivo contra la institucionalidad democrática del país.
Luego personal de la Contraloría al mejor estilo del antiguo G2 de las Fuerzas de Defensa de Panamá en la era norieguista acecha la residencia de la Presidenta de la Asamblea de Diputados y la fotografía para enviar el mensaje directo de que se encuentra vigilada en todos sus movimientos y saben dónde reside.
El primer acto intimidatorio contra uno de los tres órganos del Estado es responsabilidad del Presidente de la República, el mismo que en su último informe a la Nación aduce defender los principios democráticos sobre la cual descansa nuestro país.
El segundo acto intimidatorio contra la Presidenta de la Asamblea de Diputados es responsabilidad del Contralor General de la Nación. Hijo de una cuna de ilustres banqueros del país y que en algún momento soñó con ser candidato para Presidente de la República. “A Star is Born”.
Para todos los propósitos aclaratorios la razón de todas las críticas hacia el Órgano legislativo y su rol en abultar sus propias planillas y todas esas otras irregularidades de funcionarios que no laboran y cobran o de desvío de fondos públicos provienen de una clara apertura de las arcas del Tesoro Nacional por parte del Presidente de la República. La ausencia de una mayoría parlamentaria lo resolvió abriendo el grifo. Y La Contraloría avaló dicha decisión al no ejercer ni el control previo ni el control posterior como lo determina la Constitución Nacional y su propia Ley Orgánica.
Acercándonos al período electoral los distintos partidos políticos tomaron el curso natural de desistir de sus pactos de gobernabilidad y distanciarse del gobierno de turno. Al entrar a las próximas elecciones la distancia es la mejor estrategia para evitar una confusión en el electorado. En la Asamblea se logran pactos entre las fuerzas políticas y el Órgano Ejecutivo para los propósitos de hacer funcionar el Estado y las propuestas y programas electorales. Ambas partes hicieron un pacto. Lo que pactaron entre ellos planillas abultadas y manejo de los propios diputados de fondos públicos de las entidades públicas (INDE, MIDES, etc…) es lo inusual y aberrante en ese pacto. Pero nada de eso hubiese sido factible si el Presidente y el Contralor fueran cautos y protegieran los recursos del Estado para evitar el despilfarro, el desvío de fondos y el peculado.
Como quiera que hoy en día, el Presidente no tiene control sobre el Órgano Legislativo ha desnudado una realidad de la que el mismo fue artífice y secundada por el Contralor General de la República. La dura realidad.