Los cerca de 800.000 funcionarios federales estadounidenses afectados por el cierre gubernamental no recibirán por primera vez sus salarios el viernes, mientras el presidente, Donald Trump, amenaza con recurrir a un procedimiento excepcional para financiar su proyecto de erigir un muro en la frontera con México.
El 21° día del “shutdown”, que afecta a un parte de las administraciones, no parece que haya avances en las negociaciones entre Trump, que exige destinar 5.700 millones de dólares para cumplir su promesa de campaña, y la oposición demócrata en el Congreso, que se niega a liberar esos fondos para financiar una obra que considera “inmoral”, cara e ineficaz para combatir la inmigración ilegal.
El mandatario volvió el viernes a la carga con un mensaje en Twitter en el que tildaba de “invasión” la situación que se vive en la frontera con México, e insistió en que sin muro Estados Unidos no puede ser “un país seguro. Criminales, bandas, traficantes de personas, drogas y muchos otros problemas”.
Si antes de la medianoche de este viernes no hay acuerdo, este cierre gubernamental será el más largo de la historia, superando los 21 días de otro shutdown que se dio entre 1995 y 1996 bajo mandato de Bill Clinton.
Mientras tanto, alrededor de 800.000 empleados públicos de varios departamentos y agencias federales no recibirán el viernes su sueldo. La mayoría de ellos cobra cada quincena, por lo que recibieron su paga a finales de diciembre.
A la mitad de los funcionarios, considerados “no esenciales”, se les dio licencia sin salario, mientras que a la otra mitad se los retiró temporalmente.
El “shutdown” afecta a varios departamentos esenciales, como los de Seguridad Nacional (DHS), Justicia y Transporte. “Más de 200.000 empleados del DHS –encargados de proteger nuestro espacio aéreo, nuestras vías fluviales y nuestras fronteras– no recibirán su sueldo mientras trabajan”, denunció Bennie Thompson, presidente demócrata de la comisión para la Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes.
Los principales sindicatos del transporte aéreo, entre ellos los de pilotos, tripulación y controladores aéreos, denunciaron el jueves que la situación empeora, y advirtieron del riesgo que esto tiene para la seguridad del país.
Alrededor de 2.000 funcionarios se manifestaron el jueves en Washington para expresar su inquietud por el deterioro de sus condiciones de vida.