El delito de estos productores fue tratar de vender sus cosechas de plátano, yuca y otros rubros
La tarde del martes, 15 de enero la Jueza de Paz Ulzana Valdés de Finca Blanco, la misma que ordenó el arresto de la periodista Ligia Arreaga, excediéndose en sus funciones, ordenó la detensión del dirigente de los productores de Barú, Marvin Wilcox, junto a otros cinco productores.
El delito de estos productores fue tratar de vender sus cosechas de plátano, yuca y otros rubros. Esta no es la primera vez que ocurre esta situación, pues este grupo de productores tiene meses sosteniendo una lucha contra el despojo de las tierras que ocupan y trabajan desde hace más de 15 años, y que el gobierno incluyó en el contrato ley que celebró con la empresa Banana Piña, filial de la multinacional Del Monte.
La jueza, alegando el seguimiento de instrucciones, de una resolución ministerial del MEF y MIDA, les impuso multas y obstruyó sus derechos al libre tránsito, así como a la comercialización de sus productos, lo que según los productores afectados, les mantienen un cerco de hambre, pues no se les permite vender sus cosechas.
Los afectados, denunciaron además, que les han decomisado sus productos, y los mismos terminan perdiéndose pues son perecederos.
Después de poco más de siete horas privados de su libertad, alrededor de las 7:30 pm fueron liberados.
“Esto es sin duda alguna, un atentado contra el derecho universal al trabajo, contra el derecho a la alimentación y una violación a nuestra Carta Magna que otorga el derecho al libre tránsito por todo el territorio nacional. Lo mas lamentable de todo, es que este abuso se perpetúa sin la presentación de la aludida resolución que invoca la mencionada jueza de paz”, indicó Wilcox a su salida de la policía.
Con respecto al proceder de la jueza Valdés, el Colegio Nacional de Periodistas y el Sindicato de Periodistas solicitaron una investigación de oficio al Ministerio Público sobre sus actuaciones, pues en el caso de la periodista Arreaga, su detención fue calificada por muchos conocedores, como un abuso de autoridad y extralimitación de funciones.
Ya es hora de que las autoridades competentes procedan a levantarle un proceso y determinen si hubo o no excesos en su actuación. Adicionalmente, el MEF y el MIDA deben aclarar si es cierto que han emitido esa resolución y bajo qué argumentos se sustenta.