IUDAD DE MÉXICO — En los primeros meses del año se escuchó la palabra “huachicolero”, un término que antes era de uso esporádico para muchísimas personas del país. Los propietarios de automóviles, en especial, la usaban combinada con insultos y groserías. Incluso escuché a niños pequeños pronunciarla. Los etimólogos se enfrascaron en un debate sobre el origen de esa palabra; buscaban determinar si provenía del término maya utilizado para designar a un ladrón o de la palabra en francés que se refiere a una técnica pictórica. Lo cierto es que, hoy en día, se usa casi de manera exclusiva para referirse a quienes roban gasolina, diésel e incluso petróleo crudo, por lo regular directamente de los oleoductos, para después vender ese combustible. Se trata de un negocio ilícito que se ha vuelto muy lucrativo en México.
El término captó la atención nacional gracias al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien convirtió la lucha para erradicar a los huachicoleros en una piedra angular de su gobierno iniciado en diciembre. El ejército se concentró en proteger los ductos, la policía realizó cateos en las mansiones de los ladrones y las autoridades recuperaron tanques de gasolina robada.
Lamentablemente, la operación ha estado plagada de problemas. López Obrador tomó la decisión de cerrar algunos ductos en enero para evitar que los huachicoleros siguieran robando, lo que provocó escasez de gasolina en varias áreas del país. Los ladrones de combustible se enfrentaron a la policía y al ejército, bloquearon vías terrestres con automóviles en llamas y emboscaron a distintos convoyes. En enero, colgaron una manta con un mensaje en el que amenazaban con matar a gente inocente si López Obrador no le ponía un alto a la ofensiva del gobierno.
El presidente no suspendió la batalla, consciente de que vale la pena seguir adelante. El petróleo de México es propiedad pública, así que el Estado pierde dinero con los saqueos de combustible a gran escala. La petrolera mexicana, Pemex, informó que los huachicoleros robaron combustible con un valor de 140.000 millones de pesos, equivalentes a unos 7400 millones de dólares, en un periodo de tres años. Los huachicoleros también contribuyen al ambiente de ilegalidad que favorece el aumento constante de los asesinatos en México. El año pasado se registró la cifra récord de alrededor de 33.300 homicidios. Los huachicoleros también representan un riesgo catastrófico para la salud pública. En enero, mientras una multitud llenaba bidones de una toma perforada en un ducto en el pueblo de Tlahuelilpan, se generó una bola de fuego que quemó vivos a muchos, otros fueron hospitalizados con heridas que pusieron en peligro sus vidas. Ahora se sabe que el saldo de ese desastre fue de más de cien personas muertas.
El combate contra el robo de combustible es muy distinto al combate contra el tráfico de drogas. Está demostrado que intentar obligar a las personas a dejar de producir, vender y consumir drogas es una batalla perdida en la mayor parte del mundo. En contraste, la mayoría de los países logran evitar el saqueo de sus oleoductos, si se cuenta con un Estado de derecho básico.
El auge de los huachicoleros durante la década pasada es una señal de la fragmentación que sufre el Estado de derecho en México. En consecuencia, en gran parte del país la democracia atraviesa momentos difíciles. Se sabe de alcaldes atacados por delincuentes o sometidos a su control, de varios periodistas que han sido acosados y asesinados, además de activistas comunitarios que se han convertido en blancos. Los miembros de pandillas dedicadas al robo de combustible son sospechosos de haber cometido distintos delitos en contra de periodistas, como la amenaza contra Daniel Blancas a punta de pistola en enero.
La primera vez que escuché la palabra “huachicoleros” fue en 2011, cuando visité el estado de Puebla para escribir sobre el fenómeno. Me pareció increíble ver un ducto con dos agujeros, uno para succionar la gasolina y el otro para bombear agua al interior de manera que se mantuviera la presión. Es frecuente que extrabajadores petroleros participen en estas operaciones más sofisticadas. También en ese entonces vi un barrio completo quemado, según se cree, debido a un derrame de gasolina ocurrido durante un robo que provocó un incendio. Las llamas arrasaron con los hogares del lugar y causaron la muerte de unas treinta personas.
Después de saber que se habían detectado unas setecientas tomas clandestinas similares por todo México en 2010, me asombró que el gobierno no hubiera tomado medidas más estrictas para combatir la práctica. Para 2018, el número de tomas había crecido a más de catorce mil en el transcurso del año.
Lo más revelador es que este delito se haya extendido durante la presidencia de Enrique Peña Nieto. Una de sus reformas más importantes fue la apertura del sector petrolero mexicano a la inversión privada del extranjero, una decisión que le ganó elogios de la prensa financiera y que, según él, impulsaría el crecimiento de la nación. Por desgracia, al mismo tiempo el gobierno de Peña Nieto sufría un saqueo increíble del oro negro de México y no contaba con ningún plan firme ni la voluntad política para intentar detenerlo.
Nacido en Tabasco, estado con grandes yacimientos de petróleo, López Obrador muestra mayor cautela en cuanto al papel del sector privado extranjero, lo que ha provocado críticas de algunos inversionistas. Desde su toma de posesión, las agencias calificadoras también le han asestado algunos golpes a México e incluso redujeron la calificación crediticia de Pemex. Sin embargo, a diferencia de sus predecesores, López Obrador ha emprendido acciones firmes y sostenidas para evitar el robo de combustible a gran escala.
Por supuesto, la lucha para combatir el huachicoleo no debe ser tarea exclusiva de la policía. Se requieren inversiones con objetivos claros en comunidades pobres donde la ciudadanía recurre a la actividad delictiva debido a la falta de oportunidades. El trabajo social enfocado, por su parte, puede ayudar a prevenir que los adolescentes se incorporen a las pandillas, cuyo número crece de forma constante.
En todo caso, las fuerzas policiales constituyen una parte central de la estrategia. México sufre altos niveles de delincuencia de todo tipo, por lo que la policía debe definir cuáles delitos va a combatir de manera prioritaria. El robo de combustible es uno de los delitos que vale la pena priorizar y, de hecho, el gobierno debería lograr reducirlo. Si López Obrador mantiene mano firme con las acciones de combate, 2019 podría ser el primer año en más de una década en que baje el número de tomas clandestinas, en vez de que aumenten.
Ioan Grillo es un colaborador de opinión.