PUERTO ORDAZ, Venezuela — A principios de marzo, el presidente Nicolás Maduro visitó una fábrica acerera algo derruida para presumir la capacidad exportadora del país en medio de sanciones económicas estadounidenses cada vez más fuertes
“Nadie nos va a detener”, dijo, al lado de la primera dama Cilia Flores, mientras observaban una cinta transportadora de briquetas de acero en el Complejo Siderúrgico de Guayana (Consigua). “Estamos en tiempo de la victoria. Nuestra mayor victoria es llevar adelante la producción económica de todas las empresas”.
Dos días después, el complejo dejó de operar. Fue paralizado por el apagón nacional que duró casi cinco días y devastó lo que quedaba de las industrias básicas venezolanas. El apagón, junto con nuevas sanciones estadounidenses contra el crítico sector petrolero de Venezuela, han empujado el país aún más hacia un colapso económico total.
Los ciudadanos menos desfavorecidos de Venezuela han utilizado sus ahorros en dólares para comprar generadores portátiles, importar alimentos no perecederos y conseguir descanso y comida en hoteles o churrasquerías. Para los más desfavorecidos hubo cierta señal de alivio el viernes 29 de marzo cuando la Cruz Roja anunció que pronto realizará una campaña de ayuda de emergencia en Venezuela.
Sin embargo, para muchas personas el único paliativo a las crecientes adversidades es la esperanza de que las condiciones propicien la salida de Maduro.
Por el apagón de inicios de marzo, el producto interno bruto de Venezuela perdió mil millones de dólares, alrededor de 1 por ciento del PIB, según el banco de inversiones Torino Capital. Dejó a su paso más de quinientos negocios saqueados, fallecieron al menos cuarenta pacientes hospitalizados y media decena de fábricas cerró sus puertas.
La producción petrolera equivalente al total de un Estado petrolero pequeño, como Brunei, se perdió de forma irrecuperable por el daño que causaó a los campos petrolíferos el corte repentino de la electricidad, de acuerdo con la consultora IPD Latin America.
Y el apagón sucedió después de que se anunciaran sanciones en contra de cualquier compra de petróleo venezolano desde Estados Unidos, emitidas en enero y cuyo efecto se sumó al de años de malos manejos y de corrupción en esa industria durante las gestiones de Maduro y su fallecido antecesor, Hugo Chávez.
“Las sanciones hacen casi imposible para el gobierno comprar e importar las cosas que necesitan para dirigir el país”, dijo Francisco Rodríguez, economista jefe de Torino Capital.
Muchos simpatizantes de la oposición ven el pesar económico actual como un mal necesario para deshacerse de Maduro. Pero las sanciones también proveen para los partidarios del presidente un enemigo sustancioso al cual culpar por los males económicos.
Pocos venezolanos dicen estar preparados en caso de que empeoren las condiciones, de por sí extremas, si Maduro sobrelleva el golpe de las nuevas sanciones, cuyos efectos apenas empiezan a sentirse entre los venezolanos de a pie.
“La crisis se pondrá peor”, dijo María Altagracia Perozo, jubilada del vecindario Concagüita en Caracas, de clase obrera. “Nos dicen que busquemos velas, fósforos y keroseno por si se va la luz”.
Ante la reducción de ingresos petroleros y el éxodo de los técnicos energéticos, Maduro ha batallado para tratar de restablecer varios servicios básicos desde el apagón del 7 de marzo, el peor en la historia del país. El suministro de agua ha sido intermitente en la mayoría de las ciudades y los estudiantes y empleados públicos se quedaron en casa esta semana pues el incendio en una subestación eléctrica provocó otro apagón.
Menos de la mitad de los venezolanos rechazan las sanciones del gobierno estadounidense de Donald Trump en contra de la industria petrolera, de acuerdo con un sondeo publicado a principios de marzo por la principal encuestadora en el país, Datanalisis. Es un porcentaje sorpresivamente bajo dado el impacto directo que han tenido esas sanciones en los estándares de vida.
“Si hay que sacrificar un mes sin electricidad ni agua, lo vamos a hacer porque es la única vía de mejorar este país”, dijo Valdemar Álvarez, quien se opone a Maduro y es analista de laboratorio del complejo acerero Sidor, en Puerto Ordaz.
Se prevé que la economía venezolana se reduzca en más del 25 por ciento este año, según Rodríguez, uno de los pocos economistas que aún intenta hacer pronósticos sobre la escala del declive económico del país. La inflación se encamina a superar el 51 millones por ciento para finales del año, con lo que la moneda nacional, el bolívar, perderá prácticamente todo su valor.
Solo la crisis financiera de Zimbabue hace una década supera la magnitud del colapso de Venezuela, según el Instituto de Finanzas Internacionales.
La producción de crudo en Venezuela, de la cual el país obtenía antes más del 90 por ciento de sus ingresos en efectivo, cayó en 13 por ciento durante febrero —la peor baja en una década—, de acuerdo con la OPEP.
Febrero fue el primer mes después de la imposición de las sanciones del Departamento del Tesoro estadounidense, que prohibieron a las empresas con sede en Estados Unidos hacer negocio alguno con Petróleos de Venezuela, S. A., o Pdvsa. Desde entonces el derrumbe solo se ha agravado.
Con las sanciones, cortes eléctricos y la creciente fuga de cerebros se perdería el 60 por ciento de la producción petrolera venezolana tan solo este año, según consultores de IPD. Los analistas de esa empresa calculan que la producción del país bajará de 1,36 millones de barriles diarios, la cifra de febrero, a 550.000 barriles al día para diciembre. Eso pondría a la alguna vez potencia petrolera en el rango de producción de un país pequeño como Ecuador.
Estados Unidos, alguna vez el principal cliente de Pdvsa, no compró nada de crudo venezolano en marzo por primera vez desde los años setenta, según el Departamento de Energía. Y eso que la prohibición no entra oficialmente en vigor hasta abril.
Maduro ha tenido problemas para reorientar las exportaciones a otros compradores.
Pdvsa consideraba a India como el mejor sustituto, pero el país asiático redujo sus compras de petróleo venezolano en marzo por las presiones ejercidas desde Estados Unidos. Empresas petroleras como la rusa Lukoil o Trafigura, con sede en Suiza, dejaron de suministrar a Venezuela los productos petroleros que necesita Pdvsa para mantener sus operaciones.
Las sanciones entonces han acelerado el ciclo económico vicioso de Venezuela, en el que la reducción de las exportaciones de petróleo deja a Maduro con menos fondos para invertir en los servicios básicos. Eso, en tanto, reduce aún más la producción petrolera, dijo Siobhan Morden, estratega para mercados emergentes del banco de inversiones Nomura, con sede en Nueva York.
“Este efecto multiplicador de la retroalimentación es muy poderoso y afecta a casi todos” en Venezuela, explicó Morden. “El impacto será gravísimo”.
Las sanciones han dificultado que el gobierno pueda importar el diésel necesario para hacer correr las plantas termoeléctricas. Las refinerías en ruinas de Pdvsa, que alguna vez fueron de las más grandes del mundo, desde hace tiempo dejaron de ser suficientes para surtir las cantidades necesarias de combustible y diésel a nivel nacional.
La falta de mantenimiento y de suministros para las termoeléctricas significó que Venezuela no tenía una reserva eléctrica a la cual recurrir cuando un incendio forestal debajo de un tendido eléctrico de alta tensión afectó a la principal planta hidroeléctrica del país el 7 de marzo.
Para cuando regresó la luz, industrias enteras en Venezuela ya no existían.
El apagón eliminó los últimos remanentes de las producciones siderúrgica, de aluminio y de hierro, a las que Maduro había señalado como alternativas al petróleo para la generación de ingresos.
Más de 10.000 trabajadores se habían estado reportando para sus turnos en fábricas y plantas moribundas con el fin de conseguir la alimentación gratuita de los comedores, para muchos la via principal de conseguir comida. La hiperinflación ha diezmado de tal manera su salarios que apenas rondan unos cuantos dólares por mes.
“Es como trabajar estando en coma”, dijo Rona Figueredo, líder sindical de la planta Briquetera del Orinoco, en Puerto Ordaz, que suspendió su cadena de producción durante el apagón.
Por lo menos media decena de otras plantas estatales de metales han dejado de operar después del apagón, incluidas Sidor, las productoras de aluminio Alcasa y Venalum y tres fundidoras de acero, de acuerdo con los trabajadores.
La falta de electricidad fue “el último clavo en el ataúd” de industrias que habían estado operando en mínimos tras años de malos manejos, dijo Damian Pratt, activista laboral en Puerto Ordaz desde hace años y autor de un libro sobre las industrias básicas de Venezuela.
El gobierno de Maduro ha culpado por los problemas eléctricos a lo que llama sabotaje dirigido desde Estados Unidos, sin dar evidencia de ello. Los funcionarios también dicen que las industrias pesadas controladas por el Estado han mantenido su producción sin importar el apagón.
“Sin estas industrias, no hay recuperación económica en Venezuela”, dijo Pratt.
Isayen Herrera colaboró con el reportaje desde Caracas.