Los países centroamericanos, algunos golpeados por la violencia criminal, tienen una población de 134.800 reclusos que desborda la capacidad carcelaria regional, por un sistema de justicia que privilegia el encierro a las medidas alternativas incluso para delitos menores.
Los datos oficiales de los sistemas penitenciarios del istmo son reveladores y alarmantes para los analistas, pues la mayoría de las 125 cárceles, con infraestructura obsoleta, no dan abasto y no permiten resocializar a los internos para que puedan incorporarse a la vida productiva al cumplir sus penas.
“Que se encierre a las personas no resuelve el problema de la crisis social que afuera de los muros de los centros penales tiene la sociedad”, advierte el coordinador del programa de justicia penal de la salvadoreña Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), Héctor Carrillo.
Apunta al deterioro en las condiciones de vida de la población regional y a la falta de oportunidades como causas del alto nivel de encarcelamiento.
En 2013, el sistema penitenciario regional sumaba 92.565 presos en 114 cárceles, pero en los últimos cinco años el número se incrementó en 42.000 personas. Pese a la construcción de 11 cárceles nuevas, el hacinamiento persiste.
Para el especialista costarricense Marco Feoli, el hacinamiento “en el largo plazo condena al sistema penitenciario a ser un sistema fallido, que no sirve para nada más que para castigar a la gente, tenerla engavetada, y en el largo plazo se sigue gestando la violencia”.
Después de constatar la realidad carcelaria como exministro de Justicia, la conclusión de Feoli es lapidaria: “Ninguna cárcel con los niveles de hacinamiento que tenemos en estos momentos es un medio para reeducar o resocializar a alguien”.
– Triángulo de violencia –
Los países con más encarcelados son los del Triángulo Norte de Centroamérica, integrado por Guatemala con 24.681 reclusos, El Salvador con 40.090, y Honduras con 21.052, que en conjunto suman el 63,6% del total regional de presos.
De ese total, 19.840 (23,1%) son pandilleros.
Por ser una de las regiones sin guerra más violentas del mundo, el Triángulo Norte registra elevados promedios de encarcelamiento: El Salvador tiene 627 presos por cada 100.000 habitantes, Honduras 216, y Guatemala 140, según la base de datos World Prison Brief.
Eso refleja su elevado nivel de criminalidad, con una tasa de homicidios en 2018 de 22,4 por cada 100.000 habitantes en Guatemala, 40 en Honduras y 51 en El Salvador, niveles considerados entre los más altos del mundo para países sin conflicto armado.
Superan de lejos el promedio mundial de 5,3 por 100.000 habitantes en 2016, según la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito.
Las cifras son menores en el resto de Centroamérica: Nicaragua tiene 15.000 presos, Costa Rica 16.000 y Panamá 16.680. En Belice hay 1.297 internos.
– Hacinamiento desbordado –
Guatemala es el país centroamericano de mayor hacinamiento, con 400%, y Panamá el de menos con 1,1%.
Los espacios que El Salvador tenía habilitados en sus presidios a febrero de 2017 eran para 9.975 internos, por lo que registraba un hacinamiento del 373%, pero con diferentes iniciativas lo redujo a un 153% en febrero pasado.
El Director de Centros Penales de El Salvador, Marco Tulio Lima, declaró a AFP que desde 2017 el país ha invertido 58 millones de dólares en infraestructura y está por completar en junio próximo 30.603 nuevos espacios.
“Es la inversión más alta en toda la historia” del sistema penitenciario salvadoreño, que impulsó el programa “Yo Cambio” para capacitar a los internos en oficios variados.
Honduras, después de tener hacinamiento histórico de más de 100%, lo redujo al 30% actual, al construir nuevos recintos.
El gobierno hondureño hizo frente al hacinamiento tras sufrir en febrero de 2012 la peor tragedia carcelaria de Latinoamérica, cuando en un incendio murieron calcinados 362 reos en la Penitenciería Nacional de Comayagua.
Costa Rica, uno de los países con menor índice de violencia en el istmo, hoy se alarma por tener 37% de hacinamiento.
Los analistas coinciden en que las cárceles se mantienen llenas porque los gobiernos no promueven la prevención, y ante una sociedad que demanda castigo, han privilegiado populistas planes represivos de mano dura, sumado a un sistema de justicia altamente punitivo.
El exsecretario general del Ministerio Público de Guatemala y ahora activista de derechos humanos Mynor Melgar, atribuye la sobrepoblación a una “cultura carcelaria”.