La información debe permitir abrir una causa penal y recuperar los caudales ilícitos.
El proyecto de Ley 215, que establece medidas de protección y retribución económica a los ciudadanos que denuncien la presunta comisión de delitos contra la administración pública o delitos patrimoniales que afecten al Estado, fue aprobado en segundo debate, por el Pleno de La Asamblea.
La iniciativa propone que, quienes denuncien la comisión de delitos contra la administración pública por actos de corrupción de servidores públicos, tengan derecho de reclamar el pago de un porcentaje del total del dinero recuperado por el Estado.
El porcentaje a reconocer dependerá de la utilidad y eficacia de la información brindada y será determinada por la autoridad competente.
Entre las modificaciones hechas al documento original, se incluyó preservar la identidad de las personas denunciantes y corresponderá al Órgano Ejecutivo reglamentar la ley dentro de un periodo de seis meses a partir de su promulgación.
Para reclamar este derecho, el denunciante debe aportar información idónea, eficaz y oportuna, que permita abrir una causa penal y recuperar los caudales ilícitos y, además, recibirán en efectivo del 10 al 30% del total recuperado por el Estado.
Desde octubre de 2018, el proyecto pasó a segundo tras ser bajado a primer debate en abril del mismo año.
Pleno aprueba en segundo debate del proyecto de Ley 215, que establece medidas de protección y retribución económica a los ciudadanos que denuncien la presunta comisión de delitos contra la administración pública o delitos patrimoniales que afecten al Estado. pic.twitter.com/RCLd9vrqfh
— Asamblea Nacional (@asambleapa) 17 de abril de 2019