Los trabajos de ampliación de la Vía Omar Torrijos han afectado bosques primarios y sitios históricos como el Camino de Cruces
Un incidente de desacato presentado en contra del Ministerio de Ambiente, por incumplir con la orden de suspensión del Estudio de Impacto Ambiental categoría II, que fue aprobado para la ampliación de la Vía Omar Torrijos, fue admitido por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.
El incidente había sido presentado por el alcalde saliente del distrito capital, José Isabel Blandón, debido a la continuidad de los trabajos de ensanche de la carretera, a pesar de que la resolución que había aprobado el estudio de impacto ambiental del proyecto fue suspendida 20 de febrero pasado.
Los trabajos de ampliación de la Vía Omar Torrijos han afectado bosques primarios y sitios históricos como el Camino de Cruces, irrespetando las normas de conservación y preservación en las riberas del Canal de Panamá.
En su momento, Raisa Banfield, vicealcaldesa encargada, advirtió que además de la Alcaldía, la Asociación de Comunidades de Áreas del Canal, habían presentado una serie de recursos niveles penales en contra del titular de MiAmbiente, Emilio Sempris y el titular del MOP, Ramón Arosemena, que por encima de la Ley insistían en seguir construyendo en la Omar Torrijos.
Fue hasta mayo pasado cuando el Ministerio de Obras Públicas (MOP) inició los trámites para rescindir al contrato de diseño y construcción de la avenida Omar Torrijos entre Corozal y el puente Centenario.
El 17 de enero de 2018, el MOP entregó la orden de proceder de la obra de $89.1 millones, al consorcio entonces integrado por Astaldi y MCM Global.
Ahora,con la admisión del desacato, se debe notificar a MiAmbciente y a la Procuraduría de la Administración, sobre el recurso legal para que ambas entidades envíen su opinión a la Sala Tercera.
Hecha esa parte, el magistrado ponente Abel Zamorano, tendrá que resolver el incidente y determinar si cabe alguna sanción por incumplimiento, al Ministerio de Ambiente, a cargo de Emilio Sempris.
La resolución que admitió el incidente de desacato fue dictada el lunes 3 de junio.