Este grupo de afectados lo conforman 28 personas, el número puede ser mayor, ya que el desconocimiento de cómo hacer valer sus derechos y cómo defenderlos ha hecho que muchas personas no hayan expuestos sus casos.
Debido a la falta de respuestas del actual Gobierno, un grupo de personas víctimas de accidentes con las unidades de transporte masivo Mi Bus, en compañía del Defensor del Pueblo, Alfredo Castillero Hoyos, se reunieron con el Arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, a fin de solicitar el apoyo de la Iglesia Católica en su lucha para que el Estado los indemnice.
Este grupo de afectados lo conforman 28 personas, el número puede ser mayor, ya que el desconocimiento de cómo hacer valer sus derechos y cómo defenderlos ha hecho que muchas personas no hayan expuestos sus casos.
La dirigente de los afectados, Esperanza Mena, reveló que desde el pasado mes de noviembre el viceministro de la presidencia, Francisco Artola, se comprometió a gestionar una cortesía de sala en el Consejo de Gabinete para exponer este tema, sin embargo, el pasado lunes se llevó a cabo la última reunión y no fueron atendidos.
“Durante tres días estuvimos esperando en los predios de la Presidencia de la República y no fuimos atendidos por ninguna autoridad, solo por el Defensor del Pueblo que logró que nos dieran acceso a los baños. Nuestro cuerpo y salud ya no están para esto, esta indemnización en el fondo no va indemnizar nada porque las secuelas son permanentes, hasta que Dios nos llame” aseveró Mena.
Ante esta situación, Monseñor Ulloa manifestó, “Vamos a unir esfuerzos junto a la Defensoría del Pueblo con miras a que este problema tenga una solución. No hay que bajar el esfuerzo, vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos”.
Castillero Hoyos detalló que se le ha brindado al Arzobispo de Panamá una explicación detallada sobre todo el proceso que estas personas han emprendido desde hace casi cinco años, sin que, hasta la fecha, se concrete el pago al que aspiran.
“Se nos ha pedido que se contacte al presidente Juan Carlos Varela y que se le solicite al Ministerio de la Presidencia que en el día de hoy envié la documentación que falta a la Procuraduría de la Administración, para obtener el concepto favorable de la misma sobre el pago de estas indemnizaciones”, explicó el Defensor.
Asimismo, se solicitó que en el proceso de transición se incluya la documentación de la situación de Mi Bus para que el gobierno entrante la conozca y la tome en cuenta, “me atreví a recomendar que esto no solo se limite a la administración saliente, sino que se contacte a la entrante. El daño humano que estas personas sufren es indescriptible”, mencionó el Ombudsman.