Al líder del mayor proveedor de refugios para niños migrantes del país se le pagaron 3,6 millones de dólares durante el último año fiscal de la asociación de beneficencia, aun cuando esta fue sometida a un intenso escrutinio debido a los elevados paquetes de remuneraciones para sus ejecutivos y a su decisión de aceptar niños que habían sido separados de sus familiares tras ser arrestados por cruzar la frontera ilegalmente.
Juan Sanchez, el director ejecutivo de Southwest Key Programs, recibió ese ingreso, que incluía un seguro de vida y prestaciones para el retiro, entre septiembre de 2017 y agosto de 2018. Dicha suma fue más del doble de lo que se le pagó el año anterior y eclipsó la cantidad máxima de dinero para subvenciones que el gobierno permite usar a los refugios migrantes para pagar a un empleado, la quel el año pasado fue de 189.600 dólares. El monto que recibió fue considerablemente superior a la remuneración de otras organizaciones sin fines de lucro: el director de la Cruz Roja estadounidense, que es mucho más grande, por ejemplo, ganó alrededor de 686.000 dólares, según su declaración de impuestos más reciente.
Sanchez anunció en marzo que dejaría el cargo, después de que The New York Times detallara una posible mala administración y gastos cuestionables en Southwest Key. Otros tres altos ejecutivos, incluida la esposa de Sanchez, también han renunciado. El artículo motivó al Departamento de Justicia a abrir una investigación sobre posibles irregularidades financieras en la organización, que se benefició de manera considerable a medida que la crisis migratoria en la frontera se profundizaba y fue una pieza esencial para la respuesta de los gobiernos federales tanto de Obama como de Trump.
En el transcurso de la última década, a Southwest Key se le han entregado casi 1900 millones de dólares en fondos federales para cuidar de menores no acompañados. Alrededor de 4000 niños se encuentran en este momento en sus 24 refugios de Arizona, California y Texas, incluyendo un Walmart Supercenter transformado para ese fin en Brownsville, Texas, que ha atraído críticas por funcionar como un almacen de menores.
La remuneración de Sanchez se dio a conocer en una declaración fiscal de Promesa Public Schools, una filial de Southwest Key que dirige escuelas privadas subvencionadas, porque hasta hace poco Sanchez era miembro del consejo de administración de la filial. El primero en informar sobre la remuneración fue The Washington Post; el Times había solicitado la declaración fiscal de Promesa en cinco ocasiones desde el 3 de julio, pero el vocero de la organización Southwest Key no la envió sino hasta el lunes.
Southwest Key debe presentar su propia declaración fiscal este mes. La organización, con sede en Austin, Texas, está obligada a entregar la declaración a cualquiera que se presente y la solicite.
Los funcionarios de Southwest Key han defendido en varias ocasiones los altos paquetes de remuneración, con el argumento de que incluían un seguro de vida y un programa de retiro para ejecutivos a los que se les había pagado poco en el pasado. La semana pasada, en una carta a su personal, Joella Brooks, la directora ejecutiva interina, dijo que Southwest Key estaba poniendo fin a ese programa, y que ella y otros líderes “acordaron regresar una parte considerable de las prestaciones del seguro de vida”.
En una declaración a The New York Times, Brooks también dijo que Sanchez había “renunciado a cientos de miles de dólares no devengados” debido a su renuncia. La directora interina mencionó que el dinero había regresado a Southwest Key.
Sin embargo, Sanchez no ha dejado por completo el negocio de los refugios. Él, un amigo y Melody Chung, quien fue directora de finanzas de Southwest Key, todavía son propietarios de un refugio en Conroe, Texas, a través de una empresa fantasma; ese refugio se renta a Southwest Key. Cuando el año pasado el Times les preguntó acerca del posible caso de autodistribución, en el cual los ejecutivos cobraban ingresos pagados por el gobierno federal, los tres socios anunciaron que buscarían vender sus participaciones de propiedad. La propiedad todavía no se ha vendido.
Algunos legisladores federales han hecho un llamado al gobierno para que ponga fin a sus vínculos con Southwest Key. El año pasado, en respuesta al reportaje publicado en el Times, el Departamento de Salud y Servicios Humanos dijo que había encargado una revisión de las finanzas de los operadores de los refugios. Cuando se le preguntó el lunes sobre el estado de la revisión, una vocera de la agencia dijo que seguían bajo escrutinio.
La enorme remuneración de los ejecutivos de Southwest Key llegó en un momento en el que los trabajadores se quejaban debido a una larga lista de deficiencias en la atención de los niños en los refugios del grupo: comida de baja calidad, falta de libros y otros materiales de enseñanza, ropa insuficiente y servicios médicos de calidad inferior, según decenas de entrevistas realizadas con empleados actuales y anteriores de Southwest Key en meses recientes.
Psicólogos licenciados describieron que se les han asignado tareas de limpieza —incluso se les pidió que pintaran los muros de nuevos refugios—, además de que suelen tener una cantidad de casos que excede sus capacidades.
Brooks dijo que Southwest Key contrató a expertos externos para que hablaran con cientos de menores en los refugios del grupo y que los menores dijeron que se sentían seguros. Brooks comentó que, para que puedan contar con sus licencias, a los refugios se les exige que proporcionen comida, ropa y servicios médicos adecuados. “Las antiguas acusaciones de exempleados no coinciden con lo que nosotros y muchos otros ven que sucede en nuestros refugios todos los días”, dijo.
Aunque buena parte de la cúpula de Southwest Key renunció este año, el consejo de administración de la organización, que aprobó la remuneración de Sanchez, ha permanecido en su mayoría intacto. Una de los miembros del consejo, Elizabeth S. Villegas, lo abandonó el verano pasado en el momento más álgido de la indignación por las separaciones de las familias. El lunes, Villegas mencionó que “ya no era un lugar” para ella, pero se negó a hablar con mayor detalle sobre sus motivos para irse.
Sanchez, ahora de 71 años, fue un niño de pueblo que se hizo grande. Creció pobre en Brownsville, Texas, antes de convertirse en el primero de su familia en ir a la universidad y acabar por recibir un doctorado en Educación de la Universidad de Harvard. Inició Southwest Key en Texas hace aproximadamente 32 años para ayudar a los delincuentes juveniles a mantenerse fuera de la cárcel.
A medida que la organización floreció, cambió su enfoque en gran medida a fin de dirigir refugios para menores migrantes no acompañados. Además, a medida que fueron abriendo más refugios, a Sanchez y a un pequeño grupo de personas dentro de la organización se les pagó mucho más dinero.
Por ejemplo, a Sanchez se le pagaron 279.000 dólares en 2012. A su esposa, Jennifer Sanchez, se le pagaron aproximadamente 123.000 dólares ese mismo año y luego alrededor de 500.000 dólares como vicepresidenta en el año fiscal que terminó en agosto de 2017. A Chung se le pagaron 194.000 dólares en 2012 y un millón de dólares como remuneración en el año fiscal que terminó en agosto de 2017.
Alexia Rodriguez, una vicepresidenta que supervisaba los refugios, recibió un pago de 112.000 dólares en 2012. Además, Rodriguez, también miembro del consejo de administración de Promesa, obtuvo un paquete de remuneración de casi 1,4 millones de dólares en el año fiscal más reciente.
Los cuatro renunciaron este año. No se pudo contactar a ninguno de ellos para pedirles comentarios.