Juez Loaiza solicitó que se dicte el llamamiento a juicio de 14 de los 15 imputados. Abogados defensores pidieron sobreseimiento definitivo para sus clientes.
Los abogados defensores pidieron sobreseimiento definitivo para sus clientes. La investigación de este caso se da por supuestas anomalías en la compra, transporte y distribución de materiales de construcción
El Órgano Judicial informó este lunes 22 de julio, que el juez décimo quinto de Circuito Penal de Panamá, Leslie Alberto Loaiza se acogió al término de ley para calificar el sumario, dentro del caso por el supuesto delito contra la administración pública, en diversas formas de peculado, en perjuicio del Programa de Ayuda Nacional (PAN), con el cual se financió el proyecto Piso y Techo del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT).
Lo anterior se dio tras la audiencia preliminar que se realizó hoy, en un salón de la sede del Segundo Tribunal Marítimo del Órgano Judicial, en Ancón.
El Órgano Judicial explicó que durante los alegatos, el Ministerio Público (MP), representado por Adecio Mojica Peña, Fiscal Anticorrupción de Descarga, solicitó al juez Loaiza que se dicte el llamamiento a juicio de 14 de los 15 imputados, por el supuesto delito contra la administración pública. Para uno de los imputados el MP pidió sobreseimiento provisional.
La Fiscalía indicó que tras la investigación del caso y de acuerdo con un informe de auditoría de la Contraloría General de la República, que reposa dentro del expediente, por este proceso se causó una lesión al Estado de un millón 568 mil dólares.
Entre las pruebas a las que hizo alusión la Fiscalía están el informe de la Contraloría ya mencionado, inspecciones oculares a diferentes sedes regionales del MIVIOT a lo largo del país, copias de órdenes de compra de materiales de construcción, entrevistas y testimonios de funcionarios y exfuncionarios de este ministerio.
Por su parte, todos los abogados defensores pidieron sobreseimiento definitivo para sus clientes, alegando que no hay fundamentación en la vinculación de los hechos y por lo tanto, no cometieron delito.
En ese sentido, uno de los abogados solicitó al juez Loaiza, que se compulsara copias del caso, por posibles faltas de funcionarios del MP, dentro de esta investigación.
La investigación de este caso se da por supuestas anomalías en la compra, transporte y distribución de materiales de construcción para beneficiarios del proyecto, en diferentes áreas del país.