Un líder político conservador, que fue director penitenciario del país, fue electo a la presidencia de Guatemala el domingo, en una contienda inmersa en el contexto de la crisis migratoria en la que miles de guatemaltecos abandonan su país cada mes.
Con más del 90 por ciento de las casillas de votación contadas, Alejandro Giammattei, de 63 años, quien estaba compitiendo por cuarta ocasión para la presidencia, obtuvo casi tres quintas partes de los votos y derrotó a Sandra Torres, la ex primera dama, según los resultados preliminares de las elecciones en Guatemala.
Ninguno de los candidatos inspiró mucha confianza entre los electores y poco más del 42 por ciento de los votantes elegibles participaron.
Que tantos guatemaltecos elijan la incertidumbre de la migración antes que la situación de pobreza, violencia y corrupción que viven en su país es una señal de los desafíos que enfrenta Giammattei, quien tiene poca experiencia política.
Adicionalmente a sus problemas, Guatemala es uno de un puñado de países centroamericanos en la mira del gobierno de Donald Trump, que intenta transferir la carga de disminuir la inmigración a Estados Unidos a los países de origen de los inmigrantes.
No hace mucho, Guatemala parecía lista para una transformación.
En 2015, un extraordinario movimiento popular guatemalteco inspiró a toda América Latina. Cientos de miles de personas acudieron a la plaza principal de la capital, Ciudad de Guatemala, para protestar contra la corrupción, impulsadas por las investigaciones contundentes que llegaron a vincular al presidente de la nación.
Hoy, esas investigaciones están llegando a su fin, la corrupción endémica persiste y el cansancio y el cinismo han afectado a la nación.
Cuando Giammattei proclamó su victoria, no mencionó la corrupción y prometió en cambio que los guatemaltecos tendrán “un presidente que se mantendrá en contacto con la gente y hará que el país camine”.
Aunque el país registra un crecimiento económico constante, el Banco Mundial dice que tiene una de las mayores tasas de desigualdad de América Latina, y algunas de las peores tasas de pobreza, desnutrición y mortalidad maternoinfantil en la región, particularmente en las comunidades indígenas.
“Guatemala es el país más feudal, más colonial en América Latina”, con todo el poder económico en manos de unas pocas familias, dijo Daniel Zovatto, director para América Latina del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral.
Cuando Jimmy Morales, un excomediante que ocupa la presidencia desde 2015, asumió el cargo, prometió desmantelar la corrupción que afecta al Estado guatemalteco. En ese momento un panel internacional de expertos, aliados con una fiscala general testaruda, estaba descubriendo vastas redes de corrupción.
Las investigaciones trajeron esperanza y han demostrado ser un modelo para América Latina. Alcanzaron los niveles más altos de la política y, finalmente, vincularon a Morales, así como a muchos legisladores y oligarcas empresariales de Guatemala, que respondieron ferozmente: durante los últimos dos años, el enfoque central del gobierno ha sido revertir los resultados de la batalla contra la corrupción.
Por órdenes de Morales, los fiscales respaldados por las Naciones Unidas que luchan contra la corrupción se irán de Guatemala el próximo mes.
Aunque la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) goza de aprobación generalizada, Giammattei ha dicho que no la volverá a instalar.
Con la eliminación de la Cicig, disminuirán las protecciones para los fiscales y jueces que se enfrentan a los poderosos grupos que fomentan la corrupción, ya sea al desviar dinero público a sus negocios o al garantizar la impunidad del crimen organizado, dicen los analistas.
“Guatemala pagará caro la salida de la Cicig”, dijo Zovatto. “Todo lo que hizo la Cicig será debilitado”.
Giammattei fue acusado por la Cicig de ejecuciones extrajudiciales mientras dirigía el sistema penitenciario de Guatemala, pero el caso en su contra fue desestimado.
Su victoria parece ser el resultado de la impopularidad de Torres entre los votantes urbanos, más que del entusiasmo por sus propuestas. Pocos esperan que lleve a cabo reformas significativas.
Juan Antonio Durán, un empresario de 48 años de Antigua, dijo que votó por Giammattei y su Partido Vamos “porque los considero los menos malos”, y agregó que “no habrá cambios súbitos, pero hay que entender que, a como está Guatemala ahora, es difícil estar mucho peor”.
Jared de León, un estudiante de 23 años en Ciudad de Guatemala, dijo que había votado por Giammattei pero que le preocupaba que aun así “serán otros cuatro años difíciles” para los guatemaltecos.
Manfredo Marroquín, exdirector del capítulo de Transparencia Internacional en Guatemala dijo que el círculo cercano del presidente entrante incluye a personajes sospechosos de corrupción.
“Giammattei se parece mucho a Jimmy Morales”, dijo.
“La verdad es que la posibilidad de un cambio o reforma al sistema cada vez se ve más lejana”, agregó Marroquín. “La solución más inmediata es salir del país”.
Un número creciente de guatemaltecos está haciendo exactamente eso.
En los diez meses transcurridos desde octubre pasado, 250.000 guatemaltecos han sido detenidos o se entregaron en la frontera de México con los Estados Unidos, más del doble que los que llegaron en los doce meses anteriores. México también está deteniendo a un número creciente de migrantes.
Muchos de ellos huyen de las zonas rurales donde el Estado está prácticamente ausente, no brinda servicios y, en algunas regiones, permite que el crimen organizado tome el control.
Hay otros signos de un colapso cada vez mayor. Las violaciones de los derechos humanos están aumentando. En el campo, las comunidades que se oponen a los proyectos mineros e hidroeléctricos se han enfrentado a la violencia. El año pasado, dieciséis defensores del medioambiente y de la tierra fueron asesinados en Guatemala, según Global Witness, lo que lo convierte en el país más peligroso del mundo para esos activistas.
Giammattei ha prometido abrir las tierras indígenas a más de estos proyectos.
“Si eso es así tendremos cuatro años de guerra entre el gobierno y las comunidades que darán su vida, antes que ceder sus pocos recursos”, dijo en una entrevista por mensaje de texto Irma A. Velásquez Nimatuj, una antropóloga y periodista. “Y, si lo hace con sangre y fuego, la migración y la violencia aumentarán”.
Durante la presidencia de Morales, el alto mando de la policía, en gran parte entrenado por los Estados Unidos, ha sido remplazado. Los diplomáticos estadounidenses temen que las tasas de asesinatos, que han disminuido en los últimos años, puedan volver a incrementarse.
La primera decisión de Giammattei será sobre el futuro de un acuerdo que Morales firmó con Estados Unidos para frenar la migración.
Después de que Trump amenazó con gravar con impuestos las remesas de los migrantes guatemaltecos a sus hogares, imponer aranceles y prohibir los viajes a Estados Unidos, el gobierno de Morales firmó un acuerdo el mes pasado que obligaría a los migrantes que pasan por Guatemala a solicitar asilo allí en vez de continuar hacia Estados Unidos.
Giammattei se ha opuesto al acuerdo, que es muy impopular, pero es poco probable que la presión de Trump ceda después de que Morales, quien está limitado por ley a un solo mandato, deje el cargo en enero.
“El escenario es caótico”, escribió Velásquez. “La incertidumbre es permanente. Por todo esto la gente joven y adulta solo sueña con migrar”.