El gobierno de Donald Trump ha dicho que los cambios en el sistema de inmigración que anunció esta semana se centrarán en que los nuevos residentes legales de Estados Unidos puedan sostenerse solos, y que eso sucederá sin que hayan prejuicios o preferencias.
Sin embargo, la nueva regla establece que las personas serán admitidas tomando en consideración si podrían significar mayores gastos del dinero de los contribuyentes, lo que seguramente dejará en desventaja a personas pobres originarias de América Latina, África y algunas regiones de Asia.
Con el paso del tiempo la gente que reciba las green cards —la residencia permanente y un paso importante para poder obtener la ciudadanía— será un grupo más adinerado pero pequeño, según las predicciones de los investigadores. Un porcentaje mayor de las green cards quedarán en manos de inmigrantes que tengan estudios avanzados y algo de autosuficiencia; y en menor medida se le otorgará la residencia a las personas que tramiten las green cards porque ya tienen un familiar en Estados Unidos.
Los inmigrantes de Europa y de Canadá probablemente serán los que menos problemas tengan con la nueva regla, según un nuevo estudio, que a la vez concluye que casi tres cuartos de los recién llegados a Estados Unidos desde México y el Caribe tienen ingresos modestos que afectarían sus posibilidades de conseguir una green card.
“Nunca antes en nuestra historia le habíamos cerrado el acceso al sueño americano a quienes se esfuerzan pero no son de clase media”, dijo Doug Rand, quien trabajó en la política migratoria durante el gobierno de Barack Obama y es cofundador de una empresa tecnológica que ayuda a los inmigrantes a tramitar la residencia. “Este es un intento de regresión al pasado y de cambiar drásticamente cómo lucen los nuevos estadounidenses”.
La llamada regla de carga pública, que les niega las green cards a inmigrantes que podrían ser usuarios del sistema de bienestar, representa un cambio fundamental para una nación que desde hace mucho tiempo ha acogido a migrantes empobrecidos de todo el mundo que buscan comenzar de nuevo en un país con mayores oportunidades.
Siempre ha habido una mezcla de personas que migran hacia Estados Unidos; algunas llegan con habilidades especiales e inversiones y otras tienen poca educación y no cuentan con recursos económicos. Los inmigrantes que quieren vivir y trabajar en Estados Unidos de manera permanente pueden ser ingenieros o trabajadores de construcción; tal vez sean agricultores o diseñadores web, quizá estudiantes universitarios o conductores de camiones.
La nueva regla —impulsada por el asesor de la Casa Blanca Stephen Miller como un elemento fundamental de la política migratoria de Estados Unidos— pretende cambiar la composición de esa comunidad migrante. Quienes respaldan la regulación buscan que haya menos gente pobre que pudiera necesitar asistencia para comida o vivienda. Quieren que se rechace a personas enfermas cuyas dolencias pudieran significar algún costo para los servicios de Medicaid (el programa de salud pública para personas de escasos recursos). Y quieren desincentivar a quienes, por no dominar por completo el inglés, tal vez tengan mayores dificultades para tener éxito en una economía tan competitiva.
“Dadme a vuestros rendidos y a vuestros pobres, pero los que puedan sostenerse solos y no se volverán una carga pública”, dijo Kenneth T. Cuccinelli, director de Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), en una entrevista con la radio pública NPR, versionando el famoso poema inscrito en la Estatua de la Libertad.
Más tarde, Cuccinelli indicó en entrevista con CNN que “ese poema se refería a personas que llegaban de Europa”.
Sus declaraciones provocaron críticas. Beto O’Rourke, el excongresista demócrata de Texas que ahora es precandidato presidencial, lo condenó en un mensaje de Twitter: “Este gobierno finalmente admitió lo que nos ha quedado claro desde hace tiempo: creen que la Estatua de la Libertad solo es accesible para personas blancas”.
Durante mucho tiempo, una de las metas de la política migratoria estadounidense ha sido atraer a personas productivas y autosuficientes. La Ley Migratoria de 1891, una de las primeras medidas pensadas para regular el ingreso de personas desde el extranjero, permitió que se excluyera o deportara a quienes podrían ser una carga excesiva para las finanzas públicas. Para hacer esa distinción se refería a “idiotas, personas dementes, indigentes o personas que serán una carga pública”.
En la isla Ellis, los recién llegados que eran calificados inadmisibles por oficiales de salud pública eran regresados a sus países de origen. Las empresas dueñas de las embarcaciones podían ser multadas si se consideraba que transportaron a esas personas inadmisibles. Después, trabajadores migrantes legales de México y China empezaron a ser revisados con un escrutinio similar.
Trump, desde un inicio, ha planteado que el sistema migratorio estadounidense se base en el “mérito”, lo que favorecería a trabajadores con habilidades avanzadas por encima de aquellos con vínculos familiares. Trump ha dicho que sería mejor que llegue más gente de países como Noruega y se ha quejado de los inmigrantes de lo que llamó “países de mierda” en África o naciones como Haití afectadas por desastres naturales.
Hasta ahora, el Congreso de Estados Unidos no ha podido aprobar una legislación que establezca ese sistema de migración con base en el mérito, pero la regla anunciada el lunes 12 de agosto tendrá el mismo efecto que tendría esa legislación, según los expertos.
Conforme los inmigrantes son revisados con una nueva selección de factores de evaluación, como su historial crediticio, nivel de ingresos o posible deuda por préstamos estudiantiles, el sistema le dará preferencia a quienes tengan habilidades más avanzadas y bienes más numerosos. Al hacer eso, habrá cimentado en gran medida la meta de Trump de redefinir quiénes serán los migrantes que llegan a Estados Unidos sin necesidad alguna de un aval del poder legislativo.
La nueva política entraría en vigor el 15 de octubre, si supera las demandas legales de los defensores de migrantes, que la han calificado como el ejemplo más reciente de los esfuerzos de Trump por cerrar el paso hacia Estados Unidos. Los abogados en condados de Santa Clara y San Francisco, en California, presentaron sus querellas desde el 13 de agosto para bloquear la regla.
Sin embargo, los partidarios y opositores de un sistema migratorio más robusto buscan resolver las dudas respecto a cómo se aplicará la regulación de 837 páginas de largo.
Lo que queda claro es que quienes tengan ingresos más bajos y otros con problemas de salud serán afectados de manera más directa, conforme los funcionarios migratorios deciden que esas personas probablemente requerirán beneficios como Medicaid, apoyo para la vivienda o vales de comida.
Maria es una inmigrante que hace dos años se casó con Edward, un ciudadano estadounidense. El posible ingreso total futuro de la pareja es alto: él es un veterano militar que hace poco terminó sus estudios de Economía y ella está por terminar sus estudios en Enfermería. Están en proceso de solicitar una green card para María.
Sin embargo, como en estos momentos su nivel de ingreso sigue siendo relativamente bajo, la solicitud de María podría ser rechazada con las nuevas reglas, posibilidad que preocupa a la pareja que vive en Washington (hablaron solamente con la condición de que no se revelaran sus apellidos por temor a que hacer comentarios públicos tuviera un efecto negativo en su solicitud).
“Con todos estos requisitos nos quedamos cortos, porque apenas vamos empezando”, dijo María. “Pero queremos tener la oportunidad de cumplir nuestras metas”.
Dario Aguirre, abogado en materia migratoria que trabaja en Denver, dijo que una mujer de 72 años que sea abuela y tenga artritis en sus rodillas podría ser considerada una “carga pública” porque no puede trabajar y se consideraría que necesitará cuidados médicos costosos. Aguirre también dijo que un trabajador de construcción que gane 30 dólares la hora y tenga tres hijos y una pareja ama de casa enfrentará un mayor escrutinio que antes respecto a su capacidad para mantener a su familia, sin necesidad de asistencia pública.
“La nueva idea de carga pública podría dejar como inadmisibles a la gran mayoría de los solicitantes”, dijo Aguirre, quien agregó que la nueva regla le da a los oficiales rienda suelta para negar green cards a todo un espectro de migrantes de estratos socioeconómicos bajos o medios de países como El Salvador, Guatemala y Honduras.
Trump, por su parte, dijo el martes 13 de agosto que la intención de la nueva política es asegurarse de que los inmigrantes no dependan demasiado de los programas de asistencia pública que son costosos.
“Estoy cansado de ver cómo el contribuyente tiene que pagar por personas que vienen al país y de inmediato necesitan vales de bienestar y otras cosas”, dijo Trump. “Así que creo que con esto estamos haciendo lo correcto”.
Sin embargo, hay desacuerdos sobre cuánto dependen realmente las personas migrantes de ciertos servicios como Medicaid y los vales de despensa.
Un informe de 2013 del Instituto Cato, un grupo de investigación, arroja que el 32,5 por ciento de los adultos que son ciudadanos estadounidenses por nacimiento reciben prestaciones públicas con el Programa Asistencial de Nutrición Suplementaria, en comparación con un 29 por ciento de los adultos no ciudadanos.
Otro análisis del Center for Immigration Studies, que favorece restringir la migración hacia Estados Unidos, encontró que el 58 por ciento de las personas que no son ciudadanas usan programas de prestaciones y bienestar públicos en comparación con el 30 por ciento de los hogares encabezados por una persona que es ciudadana por nacimiento.
Michael D. Shear es corresponsal de la Casa Blanca. Trabajaba en The Washington Post, donde fue parte del equipo ganador del Pulitzer que cubrió el tiroteo de la universidad Virginia Tech en 2007. @shearm
Caitlin Dickerson es reportera sobre migración con sede en Nueva York. Se unió al equipo de The New York Times en 2016 y desde entonces ha reportado sobre cambios a la política de deportaciones y detenciones migratorias y sobre la vida de personas migrantes, con y sin estatus legal. @itscaitlinhd
Miriam Jordan es corresponsal para temas migratorios en Estados Unidos. Antes de unirse al Times, trabajó en The Wall Street Journal y en Reuters y ha sido reportera en países de Medio Oriente, Asia y América Latina.