Proyectos que buscan reactivar la economía avanzan en la Asamblea

Proyectos que buscan reactivar la economía avanzan en la Asamblea
Pleno de la Asamblea. Foto: Cortesía.

El gobierno espera incentivar los niveles de confianza y la generación de puestos empleos.

El presidente de la República, Laurentino Cortizo, manifestó satisfacción este jueves al decir que los proyectos de ley presentados por el Ejecutivo ante la Asamblea Nacional, que buscan la reactivación de la economía del país marchen a buen ritmo.

Cortizo se refirió a la aprobación ayer, en tercer debate, del proyecto de ley No.12 que crea el Régimen Especial de Asociación Público-Privadas (APP), que hora queda a la espera de sanción por parte del Ejecutivo  y promulgación en la Gaceta Oficial para convertirse en ley de la República.

El proyecto de ley que fue presentado ante la Asamblea Nacional por el ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge, no contempla la privatización de instituciones ni obras del Estado y además tiene como propósito establecer mecanismo, para la selección responsable, transparente y objetiva de los contratistas de estas obra, aseguró el gobierno.

Por otra parte, el mandatario destacó el avance que lleva en el Legislativo el proyecto de ley No.4 que establece un sistema de intereses preferenciales para el sector agropecuario y se dictan otras medidas, el cual se encuentra para su aprobación en segundo debate por la Asamblea Nacional.

Señaló el impacto que tendrá esta ley en la economía al extender la cobertura de los intereses preferenciales para viviendas cuyo valor sea hasta de 180 mil balboas. La cobertura de intereses preferenciales rige actualmente para viviendas, cuyo costo sea de 120 mil balboas.

Otra iniciativa que avanza es el proyecto de ley 56 que crea la superintendencia de Sujetos No Financieros y dicta otros tipos de disposiciones. El proyecto de ley está en el orden del día de la Asamblea Nacional para su segundo debate.

La iniciativa busca mantener el cumplimiento y los estándares internacionales en materia de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, además de aplicar mejores prácticas que permitan al país lograr los objetivos de transparencia.

 

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